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Modelo 720. Declaración tributaria sobre bienes y derechos en el extranjero

Por segundo año, nos encontramos con la obligación de presentar el polémico modelo 720.

Si bien la información a detallar en dicha declaración es laboriosa y se exige un detalle digno de artesanía, lo más destacable en este caso es el régimen sancionador en caso de incumplimiento de la obligación informativa así como las consecuencias en la prescripción de los bienes no declarados o declarados incorrectamente.

¿Qué es el modelo 720?

La declaración en cuestión tiene carácter de informativo ya que en ella debe detallarse información sobre bienes y derechos de contenido económico ubicados o gestionados en el extranjero del obligado tributario.

Aunque no se sea titular de los bienes, si existe algún poder de disposición sobre los mismos, ello es condición suficiente para tener que incluirlos en dicha declaración. Así, estarían obligadas a declarar aquellas personas que tuvieran condición de representantes, apoderados o beneficiarios de dichos bienes o derechos.

Si bien se establecen unas excepciones que más adelante se detallarán, están obligadas a declarar las personas físicas o entidades residentes en el Estado Español.

Contenido de la declaración

Los bienes y derechos a declarar se agrupan en tres bloques:

1. Cuentas corrientes y depósitos abiertos en entidades bancarias ubicadas en el extranjero.

2. Valores representativos de la participación en cualquier tipo de entidad, derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios, seguros en los que sea tomador y rentas, temporales o vitalicias. Siempre que se haya depositado, gestionado u obtenido en el extranjero. Dentro de este grupo, también se incluyen los valores aportados para la administración o gestión a cualquier instrumento jurídico (fideicomisos o “trust”) y las aportaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero.

3. Bienes inmuebles ubicados en el extranjero, así como derechos constituidos sobre ellos.

Ahora bien, cuando se cumplen determinados requisitos, el obligado tributario queda liberado de la obligación de declarar:

  • Cuando no se superen los 50.000 € de valor para cada conjunto de bienes indicados en los apartados 1, 2 y 3.
  • Aquellos que se encuentren registrados en la contabilidad del titular debidamente identificados e individualizados (el caso de sociedades y profesionales que lleven registro contable de sus operaciones). En estos casos no hay obligación de declarar para el titular pero no se exime de declaración a los responsables o apoderados.

Forma y plazo de presentación

La declaración debe presentarse de forma telemática, no existiendo la posibilidad de su presentación física en papel, lo cual es una dificultad añadida para los particulares.

En cuanto a su periodicidad, la declaración tiene carácter de anual y el plazo para la presentación del modelo 720 es durante los tres meses siguientes a la finalización del período al que se refiere la declaración, es decir, para la declaración correspondiente al ejercicio 2013, el plazo finaliza el 31 de marzo de 2014.

Consecuencias de la falta de presentación de la declaración. Régimen sancionador:

Constituye infracción tributaria grave (las infracciones se consideran leves, graves o muy graves):

  • No presentar en plazo la declaración
  • Presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la declaración
  • La presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos

Las anteriores infracciones serán sancionadas respecto a cada uno de los tres bloques de información (en resumen: cuentas bancarias / valores / inmuebles) de forma independiente de acuerdo a las siguientes reglas:

  • Incumplimiento de la obligación de informar: la sanción consiste en multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien o derecho que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
  • Presentaciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración o presentada por medios distintos a los electrónicos: la sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien, con un mínimo de 1.500 euros.

Si llegados a este punto las sanciones parecen importantes, tome asiento: Adicionalmente a las sanciones descritas anteriormente, las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de esta obligación de información.

Así, se ha establecido:

  • En el ámbito del IRPF (artículo 39.2 de la LIRPF): la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, tiene en todo caso la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas integrándose en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización
  • En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades (artículo 134.6 TRLIS): los referidos bienes y derechos se considerarán renta no declarada y se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización.

(Nótese aquí que, en ambos casos, al practicar la regularización en el último ejercicio no prescrito, ello acarrea el cálculo de intereses desde ese “último ejercicio no prescrito”)

  • Por último, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la LIRPF y en el artículo 134.6 del TRLIS, determina la comisión de infracción tributaria, que tiene la consideración de muy grave y que se sanciona con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción, base que es la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados. De modo que, si de la regularización practicada por la Administración resultase una cuota, pongamos, de 100.000 euros, la sanción ascendería a 150.000€.

En resumen, el incumplimiento o la omisión de declaración de los bienes y derechos no prescribe nunca y a ello se suma la contingencia de las cuotas derivadas de la regularización realizada por la Administración, el régimen sancionador y los intereses.

Si realiza usted un cálculo por encima verá que la contingencia supera en mucho el valor del bien. El mensaje de la Administración Tributaria está claro.