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La propuesta de reforma en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados (ITP-AJD) hecha en el Informe Lagares

Como sabrán, en el Informe del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario se han propuesto varias medidas dirigidas a reformar el sistema tributario español de cara al ejercicio 2015. En este post, analizo las principales propuestas en el ITP-AJD.

Sobre este tributo, unas consideraciones previas:

1) Es un impuesto indirecto (no grava la capacidad económica)

2) Se divide en tres modalidades:

i. Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP-TPO): grava el tráfico entre particulares.

ii. Operaciones Societarias (ITP-OS): grava la constitución, ampliación y disminución de capitales, así como la disolución de compañías.

iii. Actos Jurídicos Documentados (AJD): grava determinados documentos notariales (escrituras)

3) Este tributo se encuentra actualmente cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que para calcular este impuesto habrá que estar a las disposiciones normativas de cada una de ellas.

En relación con este impuesto, la Comisión realiza un análisis crítico sobre dos aspectos controvertidos que afectan este impuesto y que expongo a continuación.

Delimitación entre los impuestos IVA-ITP
El ITP-AJD convive con el IVA, otro tributo indirecto y, a veces, la delimitación entre uno y otro puede generar problemas, como se explica más adelante.

Sin que sea objeto de este análisis el entrar a analizar qué operaciones tributan por IVA y cuáles lo hacen por ITP, hay que saber que:

  • Algunas operaciones están contempladas en los dos impuestos y, en muchos casos, hay que examinar los criterios de sujeción de cada tributo a la hora de liquidar una operación.
  • Como en muchos impuestos de nuestro sistema tributario, los dos tributos (IVA e ITP) se basan en la autoliquidación, es decir, el contribuyente califica, informa y liquida el tributo.
  • El ITP-AJD es recaudado por la Administración Autonómica mientras que el IVA lo recauda la Agencia Tributaria (AEAT).

Así pues, aunque ya he indicado que la normativa de ambos tributos delimita la sujeción de las operaciones a uno u otro impuesto, suele ocurrir que la Administración “beneficiada” no cuestiona la sujeción de la operación al tributo que ella recauda pero ello no es óbice para que la otra Administración la pueda comprobar y dicha comprobación acabe en una “propuesta” de liquidación sujetando la operación al otro impuesto.

La realidad es que existen, en la práctica, diferencias de criterio entre el sujeto pasivo (quién realiza la autoliquidación e ingresa el tributo en la Administración que considera) y las Administraciones afectadas, con lo que la recaudación de este impuesto se complica, y pierde eficiencia.

Para solucionar estos conflictos y pacificar la competencia del tributo, dado que cada Administración vela por sus intereses, la Comisión propone establecer mecanismos dirigidos a evitar estas controversias y, en su caso, establecer mecanismos que faciliten su resolución de forma más eficiente.

En este sentido, cualquier simplificación o incremento de la eficiencia en su recaudación será bienvenida, sobre todo en aquellos casos en los que el sujeto pasivo se pueda ver afectado (no siempre es así dado que muchas veces las controversias se resuelven entre las distintas administraciones).

Valoración de los bienes y derechos liquidados:
Una cuestión polémica a la hora de liquidar este impuesto es el valor declarado de los bienes transmitidos, el cual, según la norma del Impuesto debe ser el “valor real”. Pero, ¿qué es un “valor real”?

En operaciones de compraventa podría convenirse que el valor real es el acordado entre partes independientes (aunque eso no siempre es aceptado por la Administración), pero ¿cómo valorar las operaciones en las que no existe una transacción efectiva?

Si bien hay unos valores mínimos a partir de los cuales la Administración indica que “no serán valores de comprobación de forma prioritaria” y que pueden ser utilizados como referencia, la realidad es que esa comprobación “no prioritaria” no elimina la posibilidad de que se comprueben los valores.

Cualquier no-fiscalista puede pensar que en operaciones de compraventa el precio acordado entre las partes es el valor que hay que tomar para liquidar el ITP-AJD. La respuesta que debe dar un fiscalista a esa idea es “sí y no”. ¿Desorientado? Normal…

Como he indicado antes, la Administración puede comprobar (y cada día lo hace más) los valores declarados, coincidan o no esos valores con las valoraciones orientativas que hay publicadas. Y cuando la Administración comprueba y propone un valor distinto al declarado, no es suficiente probar la bondad de la valoración efectuada en su momento con la perfección del contrato, el cobro del importe acordado, etc. sino que se recomienda la aportación de una tasación pericial que acredite que ese valor declarado es válido.

Aunque no todas las Administraciones Autonómicas son igual de eficientes en las comprobaciones, los criterios a la hora de comprobar valores se basan en los mismos principios. En el caso de Cataluña, cada vez nos encontramos con más comprobaciones de valor que se basan en la aportación – por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) – de valores alternativos a los liquidados en su momento por el sujeto pasivo y es el contribuyente quien debe justificar la corrección de la valoración efectuada en su momento.

La propia Ley general Tributaria establece en su art.57 que “La tasación pericial contradictoria podrá utilizarse para confirmar o corregir en cada caso las valoraciones resultantes de la aplicación de los medios del apartado 1 de este artículo” en referencia a las comprobaciones de valor efectuadas por la Administración y es asimismo, en base a ese artículo, que la Administración que discute la liquidación no suele atender a otras razones cuando no se dispone de dicha tasación o la tasación (de cualquiera de las dos partes) arroja un valor distinto al acordado entre adquirente y transmitente y, en consecuencia, el valor liquidado.

Cuando se inicia una controversia de esta naturaleza, en función de los antecedentes de la operación y de la pericia del fiscalista que vaya a discutir el valor “propuesto” por la Administración, la disputa podrá acabar resolviéndose a favor de la Administración o del sujeto pasivo, pero no sin antes pasar por el – lento y no exento de costes – procedimiento administrativo o, en el peor de los casos y agotado el procedimiento anterior, la vía contenciosa-administrativa.

En consecuencia, no es poco frecuente que con un cálculo meramente economicista, el contribuyente desista de la discusión e ingrese la cuota propuesta aunque la valoración efectuada por la Administración fuera muy discutible. Un ejemplo: el coste de discutir una valoración que pudiera derivar en una cuota tributaria de, p.e. 2.000€, tal vez “no compense” si uno calcula los honorarios del tasador, los del abogado y el tiempo que tarda en resolverse un procedimiento de esta naturaleza.

La consecuencia perniciosa cuando el sujeto pasivo decide no discutir y abona la cuota propuesta por la Administración es doble: i) por una parte, la mala imagen de la Administración que se percibe por ese contribuyente, que muchas veces puede tener la sensación de indefensión ante la maquinaria estatal y ii) por otra, la aceptación de esas valoraciones “propuestas” tiene consecuencias jurídicas importantes en otros impuestos (IP, IRPF, ISD, etc.), en transacciones futuras y en el propio procedimiento tributario.

A la vista del panorama, la Comisión propone principalmente que:

  • Se entienda como “valor de mercado” el valor de la transacción efectuada.
  • Dado que estas normas de valoración sirven también para impuestos patrimoniales (IP e ISD) que no responden a una transacción (el IP grava el patrimonio y el ISD la donación o la sucesión – operaciones ambas sin contrapartida económica), fijar por Ley una magnitud objetiva.

En este sentido, cualquier medida dirigida a pacificar la controversia en las valoraciones incrementa la seguridad jurídica, la eficiencia de la Administración tributaria y descongestiona los Tribunales y Juzgados. Y lo más importante: el contribuyente percibe una Administración Tributaria más razonable y justa, lo cual debería fundamentar cualquier sistema tributario.

Otras propuestas de la Comisión:
Adicionalmente a lo propuesto en los dos casos anteriores, la Comisión propone:

  • Suprimir El tributo en su modalidad de OS
  • Suprimir La cuota gradual del AJD
  • Eliminar la tributación en el Impuesto, modalidad TPO por la constitución de prestamos, fianzas, arrendamientos y pensiones
  • Mantener el tributo (TPO) en concesiones Administrativas y transmisiones de inmuebles
  • Eliminar de forma gradual el TPO
  • Eliminación del gravamen sobre la constitución de derechos reales de garantía (hipotecas)

En consecuencia, se producirá un ahorro para el contribuyente en este tipo de operaciones y se pacificará, previsiblemente, la recaudación de este impuesto.

Sobre la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones propuesta por la Comisión de Expertos

Tanto el Impuesto sobre Patrimonio (IP) como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones son dos impuestos polémicos.

Si bien en el anterior post ya vimos que la Comisión propone la supresión del IP (lo cual zanjaría la controversia en lo relativo a ese impuesto), en éste, trataré sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) que se propone.

Como en el caso del IP, creo interesante contextualizar este tributo en el sistema tributario de los países de nuestro entorno:

i) En 27 de los 34 países que conforman la OCDE se liquida el ISD (80%) y, de estos 27 países, 11 lo compatibilizan con el IP (Fuente Informe Lagares – datos OCDE). A la vista de los datos, el ISD no puede decirse que sea algo exótico en el ecosistema tributario de la OCDE.

ii) Este tributo está cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que en función de donde resida el causante (el fallecido) o el donatario (beneficiario de la donación) habrá que liquidar el ISD correspondiente de acuerdo con la legislación en ese territorio. Caso especial son las donaciones de bienes inmuebles, los cuales atraen la tributación hacia el territorio donde radica el inmueble, es decir, aunque el beneficiario fuese p.e. madrileño, si el inmueble radica en Barcelona, la donación tributaria en Cataluña.

En lo relativo a este impuesto y basándome en mi experiencia, debo añadir que, muchas veces, ocurre que el problema principal de este tributo no es tanto una cuestión técnica sino de las circunstancias en las que debe liquidarse este impuesto cuando hablamos de sucesiones: A nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando hay que pagarlos porque un ser querido fallece y eso no está previsto, los herederos se encuentran con cuotas a pagar que no esperaban. Este contratiempo económico sobrevenido en un momento en que el estado de ánimo no es el más propicio para nada, hace que este impuesto se perciba muy negativamente por el contribuyente / heredero que debe afrontar las cuotas.

En cualquier caso, parece razonable plantearse la necesidad de mantener, o no, la situación actual, máxime cuando se plantea una reforma “integral” de nuestro sistema tributario.

En la propuesta de reforma que se hace desde la Comisión, se plantea una unificación del ISD a nivel nacional, respetando grosso modo la estructura actual del mismo con algunos cambios. Mi análisis se ha centrado en la norma estatal del ISD, no en cada normativa autonómica. A continuación, lo más destacable de la propuesta:

  • Establecer una tarifa impositiva en función del grado de parentesco, eliminando las reducciones actuales en la base imponible por ese mismo concepto: Para valorar el impacto de este cambio habrá que ver si los tipos compensan la eliminación de las reducciones.
  • Fijar un único mínimo exento aplicable a la base imponible de entre 20.000 ó 25.000 euros: Actualmente, en la normativa común, no existen mínimos exentos pero se aplican unas reducciones en la base imponible por parentesco que oscilan entre los 7.993,46 y los 47.858,59 euros, por lo que el impacto será claramente a favor de la Administración Tributaria para los contribuyentes que se aplicarían a día de hoy las reducciones por encima de los 20.000 ó 25.000 euros que propone la Comisión.
  • Eliminar las reducciones actuales por cantidades percibidas de contratos de seguro de vida, adquisición de la vivienda habitual de la persona fallecida (con excepción del cónyuge supérstite) y adquisición de bienes del patrimonio histórico artístico: Esta medida implicará un aumento de la cuota tributaria.
  • Aunque se mantendría la reducción actual del 95% por adquisición de empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades que sean calificadas de “empresa familiar”, se propone que dicha reducción no supere entre el 50% y el 70% de la base liquidable: Bien, pero ¿por qué el 50-70% y no un 90% o un 10%? De entrada, es algo que sorprende pues se establecería un doble límite de modo que, a la reducción actual del 95% que se aplica sobre la valoración de la empresa, habría que calcular un segundo límite (que la reducción del 95% no supere el 50 – 70% de la base liquidable) y ello, al ser una cuestión de porcentaje, podría afectar a empresas muy dispares. De aprobarse, esta medida estaría claramente dirigida a aumentar la recaudación ya que aquellos que hoy podrían aplicar el 95% de reducción sin otra limitación podrían ver engrosada su factura tributaria. Adicionalmente, esta medida puede provocar consecuencias perniciosas: que se ponga en peligro la sucesión de la empresa familiar por la incapacidad de los sucesores en asumir el pago de las cuotas. Si este tributo provoca, en los herederos, la necesidad de enajenar bienes para abordar su pago con la consiguiente erosión del patrimonio familiar, se compromete la legitimidad de este impuesto y se podría contravenir el artículo 31 de la constitución Española (“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”). Aunque esta cuestión es la que subyace en la polémica de este impuesto y no es exclusiva de la sucesión en la empresa familiar.

Veamos cómo evoluciona esta propuesta.

Sobre la reforma del Impuesto sobre Patrimonio propuesta por la Comisión de Expertos

En anteriores posts he analizado las principales propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria (Comisión Lagares) en materia de IRPF e IS.

En este, trataré sobre el Impuesto sobre Patrimonio, uno de los dos impuestos que conforman la Imposición Patrimonial de nuestro Sistema Tributario (el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones será tratado en el próximo post).

Antes de entrar a analizar la propuesta de la Comisión, considero interesante ver la foto actual de este tributo en los países OCDE y su contextualización histórica en nuestro país:

  • De los 4 países que conforman la OCDE, 12 liquidan este tributo y de esos 12 países, sólo Canadá no lo compatibiliza con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Es decir, todos los países que tienen un impuesto similar al IP lo simultanean con el ISD a excepción de Canadá (Fuente Informe Lagares – datos OCDE). En este sentido, cabe concluir que el caso de España no es un caso excepcional.
  • Varios países han ido eliminando en los últimos años el IP: Dinamarca (1995), Alemania (1997), Finlandia (2006), Luxemburgo (2006) y Suecia (2007) – (Fuente Informe Lagares – datos OCDE).
  • El IP es un tributo cedido y cada Comunidad Autónoma tiene su propia regulación. A pesar de que en este impuesto esté bonificado al 100% en alguna Comunidad, sigue siendo un tributo vigente.
  • Aunque la Ley actual del IP es del año 1991, este tributo se instauró en 1977 como un impuesto “excepcional y transitorio” con una finalidad básicamente censal, es decir, para poner en conocimiento de la Administración la información patrimonial del contribuyente aunque sin renunciar a su capacidad recaudadora.
  • Durante el mandato del Presidente Rodriguez Zapatero se bonificó la cuota al 100% en los periodos 2008 a 2011, lo que en la práctica llevó a no liquidarlo.

A estos datos objetivos y sin entrar ahora a reflexionar sobre la bondad (o no) de este tributo, debo añadir que una cuestión indiscutible es lo difícil de su liquidación y posterior comprobación, y es que para su confección hay que declarar, entre otros bienes, joyas, pieles de carácter suntuario (por lo visto unas pieles tienen “carácter de suntuario” mientras que otras, no, y eso con independencia de si uno vive en territorio de clima mediterráneo o de clima atlántico), objetos de arte y antigüedades, automóviles, motocicletas, quads, embarcaciones, etc. En resumen, por la complicación y grado de detalle de los bienes a declarar, así como su dificultad por parte de la Administración en comprobar estas declaraciones, este tributo ha acabado siendo, en la práctica, un impuesto sobre la tenencia de bienes raíces, participaciones y productos financieros y bancarios.

Vistos los antecedentes, parece razonable plantear una reforma del mismo, aunque la Comisión ha ido más allá y ha propuesto directamente su supresión. En este sentido, la Comisión propone la “supresión formal y definitiva del impuesto, estableciéndose las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las Comunidades Autónomas”, es decir, que se suprima y en ningún caso sea un impuesto cedido.

De eliminarse este impuesto, el efecto en la factura tributaria del contribuyente sería positivo ya que los obligados a declarar dejarían de estarlo.

En el próximo post, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La propuesta de reforma de la tributación de no-residentes (Ley Beckham) hecha en el Informe Lagares

En los anteriores posts di repaso a las principales propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria (Comisión Lagares) en materia de IRPF e IS, los dos impuestos directos de nuestro sistema tributario.

En este analizaré la propuesta que la Comisión realiza sobre la tributación de no-residentes. Aunque el impuesto afectado sería el IRPF (régimen de impatriados del IRPF introducido por la conocida como “Ley Beckham”), la Comisión lo plantea en capítulo aparte, motivo por el que mantengo su criterio y lo desarrollo en este post.

El objetivo de establecer un régimen de tributación especial para extranjeros es el de atraer profesionales, inversores, directivos, capital humano y pensionistas extranjeros. Lógicamente, los futbolistas también entrarían en alguna de estas categorías.

En resumen, lo que este régimen especial viene a ofrecer al extranjero que entra en España y siempre que se cumplan determinados requisitos, es un tratamiento fiscal favorable respecto a la tributación de un residente fiscal que no aplica este régimen.

Las ventajas que ofrece esta fórmula tributaria son dos: En primer lugar, el impatriado sólo tributa por sus rentas y bienes radicados en España (recordarán que ser residente fiscal en España implica tributar en este territorio por sus rentas y bienes mundiales). En segundo lugar, las rentas del impatriado tributan a un tipo máximo que actualmente se equipara al tipo general del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), es decir un 24,75%, lo cual es muy poco si tenemos en consideración que los tramos del IRPF son siete y que el tramo mínimo es del 24,75% y el máximo del 56% en alguna Comunidad Autónoma.

En consecuencia, aplicar o no este régimen puede significar grandes diferencias en la factura tributaria del extranjero que decida fijar su residencia en España.

Este régimen de impatriados ha sufrido alguna modificación reciente al objeto de restringir su aplicación, como p.e. que el impatriado que se acogiera al régimen no percibiese una retribución anual superior a los 600.000 euros (recordaran casos mediáticos como el de los futbolistas que llegaban a Clubes de Primera División españoles con una ficha estratosférica pagando sólo el 24%, actualmente el 24,75%, en Impuestos, lo mismo que un empleado de taquilla de un estadio de fútbol).

Pues bien, sobre esta cuestión, la Comisión propone modificar la Ley del IRPF para flexibilizar este régimen. Detallo a continuación los aspectos más relevantes de la propuesta:

  • Ampliación de los supuestos en los que sería aplicable dicho régimen (inversores, administradores…)
  • Eliminación de la limitación retributiva de los 600.000 euros anuales (podrá ser superior)
  • Elevación de la limitación de rentas obtenidas en el extranjero al 50% (actualmente 15%)
  • Si actualmente el régimen puede aplicarse en el año de solicitud y los cinco posteriores, se propone ampliar a diez años dicho plazo.

De aprobarse esta medida, al entrar más supuestos y hacer más atractivo el régimen de tributación de los extranjeros cabe esperar que ello pueda atraer la entrada de profesionales, directivos, jubilados e inversores a España que atraídos por este trato favorable decidan fijar su residencia aquí. Y quién sabe, tal vez incluso volvamos a tener un equipo galáctico.

En cuanto a su efecto en la recaudación, los que ya aplican este régimen o los que han quedado excluidos seguirán tributando como venían haciéndolo, por lo que esta medida está más encaminada a atraer y vender España como un lugar atractivo para los que establezcan su residencia en ella que como una medida con efectos tributarios inmediatos (positivos o negativos). En este caso, lo deseable sería que esos extranjeros mantuvieran su residencia en España con posterioridad a esos 5 o 10 años de “trato fiscal favorable” y tributaran por su renta y bienes mundiales a las tarifas del IRPF, como hacemos el resto de ciudadanos, pero eso dependerá de muchos otros factores, no sólo de los impuestos.

La propuesta de reforma del Impuesto sobre Sociedades hecha por Informe Lagares (4/4)

En los anteriores posts introduje el Impuesto sobre Sociedades (IS) y analicé las principales propuestas de la Comisión en materia de Base Imponible de este Impuesto.

En el presente, analizo la propuesta del informe de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria en relación con los tipos impositivos y las deducciones de este Impuesto y doy cierre a esta serie sobre el IS.

Tipos de gravamen

Las propuestas en cuanto a los tipos impositivos son dos:

  • Tipo general: Actualmente es del 30% y la Comisión propone una reducción progresiva, hasta el 20%. Una reducción de tipos induce a pensar en un ahorro para las empresas, no obstante, habrá que seguir la evolución de la reforma en materia de Bases Imponibles y Deducciones ya que como hemos visto en anteriores posts, la mayoría de propuestas de la Comisión van dirigidas al aumento de las Bases Imponibles de este Impuesto y, como se verá más adelante, la Comisión propone la supresión de algunas deducciones de la cuota.
  • Entidades incluidas en el Régimen Especial de Entidades sin Fines Lucrativos: Este tipo de entidades pueden tributar al 10% sobre los rendimientos obtenidos de actividades no exentas. Sobre esta cuestión, la Comisión propone que para estas actividades no exentas el tipo se incremente al 20% equiparándose al tipo general. Quitando lo poco estético que es que una entidad sin fines lucrativos tribute, parece lógico que, para las actividades no exentas, la entidad juegue en igualdad de condiciones con las empresas que operan en el mismo mercado (caso típico sería la fundación de un hospital que realiza análisis clínicos para terceros y tributa por esa actividad un 10% actualmente frente al 25% o 30% de un laboratorio al uso). En este sentido, el impacto en la recaudación será positivo.

Deducciones para incentivar determinadas actividades:

A día de hoy, existen deducciones para incentivar determinadas inversiones tales como instalaciones para la protección de medio ambiente, I+D+i, reinversión de beneficios, reinversión de beneficios extraordinarios (venta de activos cuya ganancia se reinvierta en más activos productivos), etc.

Sobre estas deducciones la Comisión propone su eliminación total. Tan solo salva de la escabechina la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. En consecuencia, aparte del efecto en la factura tributaria del contribuyente que a día de hoy venía aplicando estas deducciones (salvo que la bajada de tipos mitigue las deducciones desaparecidas en la cuota), podemos esperar que haya asimismo efectos negativos sobre las actividades incentivadas con la deducción si no se compensan con ayudas directas (subvenciones), lo cual podría traducirse en una reducción en la inversión empresarial en I+D+i, la reinversión de beneficios extraordinarios, etc. , lo cual sorprende porque siempre se ha dicho que la inversión y el I+D son importantes para la competitividad de nuestras empresas.

La supresión de las deducciones enumeradas también sería la estocada a dos medidas estrella de la Ley de emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor) que recordaran que fue anunciada a bombo y platillo:

  • La monetización de las deducciones generadas por I+D o “Cashback”, que era una antigua demanda de varios sectores con fuertes inversiones en I+D y grandes dificultades financieras sobretodo en los últimos años, como sería el caso del sector biotecnológico que me toca muy de cerca. Parecía una buena medida y acorde, además, con otros países como Canadá, Reino Unido, Francia y Bélgica. Si se elimina la deducción por I+D+i, esta medida deja de tener sentido y habrá vivido lo que dura un suspiro.
  • La deducción por inversión de beneficios, prevista para sociedades incluidas en el Régimen Especial de Empresas de Reducida Dimensión. Este incentivo para Pymes condiciona la deducción a la realización de inversiones. En el IS de 2013 que se liquida en Julio de 2014 se empezaría a aplicar y si se aprueba la reforma para el ejercicio 2015, se podrá aplicar también en 2014. Ha durado poco la alegría.

Conclusiones

Llegados a este punto, puede concluirse que las medidas propuestas por la Comisión van encaminadas, como en el caso del IRPF, a incrementar la Base Imponible de este Impuesto y a eliminar la mayoría de las deducciones actuales.

Dependiendo de los tipos impositivos que finalmente se aprueben podrá valorarse si dicho aumento de Bases y eliminación de deducciones queda compensada con la reducción de la tarifa.

En cuanto a la simplificación del Impuesto, reiterar dos cuestiones ya mencionadas en anteriores posts:

  • Con un texto refundido se solucionarían los parcheados efectuados por el legislador en su frenesí normativo al que, por otra parte, ya nos tiene acostumbrados.
  • De los 17 regímenes aplicables se pasaría a 15, por lo que a priori, no es una reducción revolucionaria. No obstante, lo que sí se puede anticipar, es que al eliminar los dos regímenes especiales que se aplican mayoritariamente las Pymes, este Impuesto pierde progresividad (como en el caso del IRPF), de modo que al final, pueden acabar liquidando el mismo impuesto y pagando lo mismo (en porcentaje nominal y efectivo) una gran compañía que un taller de barrio. De entrada es, cuanto menos, chocante.

La propuesta de reforma del Impuesto sobre Sociedades hecha por Informe Lagares (3/4)

En los anteriores posts de la serie del Impuesto sobre Sociedades (IS) introduje los aspectos básicos de este Impuesto y analicé algunas propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria encaminadas a modificar la Base Imponible de este tributo.

Como ya comenté, las cuestiones que básicamente se proponen modificar en la Base Imponible versan sobre (i) los gastos financieros, (ii) las dotaciones para depreciaciones y deterioros, (iii) corrección monetaria, (iv) las amortizaciones, y (v) la reclasificación de la doble imposición interna como una exención (Base Imponible) respecto a la deducción en cuota que se calcula actualmente.

A continuación analizo las cuestiones (iv) y (v).

Amortizaciones

  • Dotaciones a la amortización: Actualmente existen unas tablas de amortización donde se establecen los coeficientes de amortización para los elementos del inmovilizado en función del sector económico en el que opere la empresa, de modo que cuando una compañía adquiere un bien que debe considerarse del inmovilizado material, no se deduce el importe de la compra en el año de adquisición sino que puede ir deduciendo a lo largo de varios años un porcentaje de dicho importe. (p.e. una mesa de 500€ deduciría anualmente un 10% según tablas, es decir, 50€ cada año en concepto de amortizaciones). Con La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que ya hemos citado en anteriores posts, esta deducción queda limitada al 70% por los mismos motivos comentados para el caso de los gastos financieros (intereses): De nuevo, el legislador necesitaba incrementar la recaudación por la vía del aumento de las Bases Imponibles. Siguiendo con el ejemplo anterior, por la mesa, hoy se deducirían 35€ en lugar de los 50€. Todo muy lógico ¿verdad?

Sobre esta cuestión, destaco dos aspectos:

    1. La Comisión propone por un lado, simplificar y actualizar los coeficientes actuales y por otro, prorrogar la limitación de su deducción al 70% “de los coeficientes máximos de amortización actuales”. Es decir, la empresa podrá cambiar el cálculo y aplicar unos coeficientes de amortización “modernos” pero no podrá, posiblemente, deducir más de lo que hoy se deduce y tendremos un sistema de amortizaciones estupendo pero, ¡ay! que no estropee la recaudación. De nuevo, deberemos esperar a ver cómo se materializa esta “simplificación” para poder valorar esta medida, aunque el mantenimiento del 70% de limitación hace temer una complicación añadida al cálculo final a la vez que dicha limitación no parece muy razonable, pues se trata de una medida totalmente recaudatoria. Todo parece indicar que, de mantenerse el 70% actual la medida no modificará el resultado actual, es decir, efecto nulo en la Base Imponible.
    2. Bienes intangibles: a día de hoy los bienes tales como licencias de marca, adquisiciones de patentes o activos por I+D se amortizan “según vida útil estimada” si bien no pueden superar los diez años de amortización salvo casos especiales. Caso aparte es la amortización del Fondo de Comercio (adquisición de cartera de clientes, know-how, etc,) que desde 2008 dejó de ser deducible. Pues bien, para estos activos intangibles, la Comisión propone fijar un porcentaje de amortización reducido nunca superior al 2,5%, lo que llevaría a amortizar estos activos, como mínimo, en 40 años. Teniendo en cuenta que una licencia de marca o patente dura 10 ó 20 años, es algo chocante. De nuevo deberemos esperar a ver el texto que finalmente se apruebe para poder valorar esta novedad aunque ya podemos anticipar que con esta medida es que, si bien se incorpora a este grupo el Fondo de Comercio, las empresas que venían deduciendo, p.e. un 10% de amortización a estos activos, van a poder deducir menos amortización (2,5%). De nuevo, nos encontramos ante un aumento en la Base Imponible.
  • Regímenes de amortización libre y acelerada (incentivo incluido en el Régimen de Reducida dimensión que proponen eliminar): En determinados casos, se permite acelerar la amortización fiscalmente, siempre que se cumplan determinados requisitos (p.e. que se vinculen determinadas inversiones al incremento de la media de la plantilla). Eliminar estas amortizaciones supone un incremento de la Base Imponible de las empresas que venían aplicándose este incentivo y, como efecto secundario, podemos esperar impactos negativos en las inversiones y contrataciones de personal vinculado a ese incentivo fiscal al que se acoge la Pyme.

Doble imposición

Aunque actualmente esta cuestión se trata en determinados casos como una deducción de la cuota, la Comisión propone que se trate en todos ellos como una exención, es decir, que no se integre en la Base Imponible. Este sería el primer gran cambio y por ello lo analizo en el apartado de la Base Imponible.

En cuanto a la doble imposición como tal, se entiende que se produce cuando una renta ya ha pagado un impuesto de naturaleza similar, dentro o fuera de nuestro territorio. El caso típico de doble tributación sería el dividendo, el cual ya ha tributado por el IS en sede del que reparte el dividendo. Para ayudar a su comprensión, un ejemplo:

Imaginemos una empresa con 1.000€ de beneficio que tribute en el IS al 30%. El resultado después de impuestos sería de 700€. Si dicho resultado se destinase íntegramente a dividendos, en sus socios esa renta debería tributar como IRPF o como IS, pero hay que tener en cuenta que esa renta ya ha tributado por un impuesto de esa naturaleza. Para evitar esa doble imposición, se establecen mecanismos que limitan, disminuyen o incluso evitan que esos 700€ tributen en sede del accionista cuando se trata de un contribuyente por el IS. De no existir esta deducción, los 700€ podrían volver a tributar, p.e. el 30% en la beneficiaria quedando una renta neta de 490€, de modo, que el resultado sería que una misma renta se vería diluida de 1.000€ a 490€ (tipo efectivo del IS 51%) por causa de los impuestos directos.

Sobre esta cuestión, la comisión propone:

  • Doble Imposición Internacional (la fuente de la renta no es residente española): Se pretende modificar la exención actual para evitar la doble imposición estableciendo un mínimo no exento de tributación de, por ejemplo, un 10% pero suavizando los requisitos para su aplicación (actualmente se requiere que la empresa que reparte el dividendo lleve a cabo una actividad empresarial en el extranjero, supuesto que se propone eliminar). En consecuencia, parece que se puede incrementar la factura tributaria para las empresas que reciban, p.e. dividendos de empresas extranjeras que hoy gozan de exención plena, si bien se amplía la horquilla de supuestos para aplicar la exención. Por lo tanto, esta medida puede engrosar la factura tributaria de empresas que venían aplicando la exención si bien empresas que no cumplían los requisitos y recibían rentas que no gozaban de la exención podrían tributar ahora “solo” un 10%.
  • Doble imposición interna (la fuente de la renta es residente española): Para simplificar, hablaré de dividendos aunque no sería el único caso. Actualmente, cuando una sociedad recibe dividendos de una empresa española, puede aplicarse la deducción plena (del 100%) para evitar la doble imposición si se cumple, entre otros requisitos, que el porcentaje de participación en la repartidora del dividendo es mayor del 5%. Por debajo del 5% la deducción se reduce al 50%. Sobre estos rendimientos, la Comisión propone transformar la deducción en una exención (lo cual reclasifica el concepto pero no tendría efectos en la recaudación) pero para aplicar dicha exención se debe tener al menos el 5%. En consecuencia quedan excluidas las sociedades que reciban dividendos u otros rendimientos de empresas en cuyo capital no participen de al menos el 5% y que a día de hoy gozarían de la deducción del 50% por lo que parece que esta medida incrementaría la recaudación.

Lo visto hasta aquí en materia de Base Imponible indica que las propuestas van encaminadas al mantenimiento de las Bases Imponibles (deducción de intereses y dotaciones a las amortizaciones) o a su aumento (dotaciones por depreciación, libertad de amortización). Asimismo, la reclasificación de las deducciones por doble imposición, aunque supone una reducción en la Base Imponible no puede llevarnos a engaño: se aumentará la factura tributaria de las empresas que aplicaban la exención plena en rendimientos obtenidos de empresas extranjeras (10%) y empresas que no ostentan más de un 5% de participación total en la repartidora del rendimiento y venían aplicando una deducción del 50% de la cuota íntegra no podrán beneficiarse de la exención.

En mi próximo post analizaré los tipos de gravamen y las deducciones que propone la Comisión, dando cierre al capítulo del IS.