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Sobre los Paraísos Fiscales (2/2)

En el anterior post repasé las características que acostumbran a darse en los territorios que se califican como paraísos fiscales e introduje las listas de varios colores establecidas por la OCDE que se conocen como “lista gris” y “lista negra” que, por su tono, ya nos induce a pensar que estar en ellas no debe ser nada bueno.

Sin embargo, hay que saber que los paraísos fiscales son definidos por cada país de modo que, aunque las listas de la OCDE pueden orientar a la hora de saber qué países tienen sistemas tributarios “blandos” y sistemas de información “opacos”, se trata de una calificación unilateral de cada estado.

Así, si un residente de un país – individual o empresa – tiene que operar con el extranjero, es conveniente que antes de hacerlo consulte las listas de paraísos fiscales que su jurisdicción fiscal contempla, sobre todo si la jurisdicción es la española, ya que nuestra legislación se caracteriza por ser fuertemente “anti paraíso fiscal” en comparación con otros países de “nuestro entorno”.

En España, la lista de paraísos fiscales se detalla en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, el cual se aprobó para aclarar qué territorios debían considerarse paraísos fiscales ya que en 1990 y el mismo 1991 se dictaron normas en las que se limitaban, a nivel fiscal, las transacciones con esos países pero hasta la publicación del citado Real Decreto, no se sabía a qué se referían las normas dictadas cuando hablaban de “paraíso fiscal”.

Inicialmente, se enumeraron cuarenta y ocho territorios y la propia norma establecía que, para dejar de ser considerado paraíso fiscal, los países enumerados deberán firmar Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) con cláusula de intercambio de información o bien un Acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se estableciera que dejan de tener dicha consideración desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen. Pueden consultar los modelos de CDI, acuerdos de intercambio de información y demás asuntos relativos a la imposición internacional establecidos por la OCDE en este link: http://www.oecd.org/tax/

A día de hoy, la lista de paraísos fiscales en España se ha reducido a treinta y cuatro. Para consultar la lista actual, pueden consultar la página 56 del documento que enlazo

Como resumen de lo anterior, una idea debe quedar clara: las transacciones llevadas a cabo con paraísos fiscales no son ilegales ni están prohibidas pero para evitar problemas, son necesarias unas precauciones que hay que tener muy en cuenta cuando un residente fiscal español va a operar con estos territorios. A continuación, unas pinceladas de las “normas anti-paraíso” que tenemos en nuestro sistema tributario:

  • Se imponen estrictas obligaciones de información sobre los bienes radicados en esos territorios.
  • Si un residente español (persona física o jurídica) tiene una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal, debe aplicarse la llamada transparencia fiscal internacional por la que se imputan los beneficios de una sociedad directamente a sus partícipes. En consecuencia, las rentas generadas en el paraíso fiscal tributarían en España.
  • El residente español que desplaza su domicilio habitual a un paraíso fiscal queda obligado a mantener su condición de contribuyente del IRPF en el año del cambio de residencia y los cuatro siguientes, lo cual implica tributar en España por sus rendimientos mundiales mucho después de perder la residencia española.
  • Se establece un gravamen especial del 3% a aquellas entidades radicadas en paraísos fiscales con bienes inmuebles ubicados en España.
  • Queda limitada la deducción de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades o del IRPF que se reciben de entidades radicadas en esos territorios calificados como paraíso fiscal.

Con independencia de lo poco estético que resulta tener tratos con paraísos fiscales, habrán observado que se puede operar con estos territorios a pesar de que nuestra legislación desincentiva la transacción directa con ellos.

A decir verdad, España es pionera en la lucha contra los paraísos fiscales por lo que, realmente, quien los utiliza sabe exactamente donde se mete.

Sobre los Paraísos Fiscales (1/2)

Está de moda hablar de paraísos fiscales pero sobre todo, está de moda criminalizarlos. Dejando de lado la estética de tener intereses económicos en esos países, hay que saber que operar con un paraíso fiscal no está prohibido.

Permítanme unas pinceladas sobre lo que se entiende por paraíso fiscal:

Para empezar, un paraíso fiscal es algo que ha definido la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organización que está formada por 34 países de los casi 200 que existen en nuestro planeta. Pueden consultar la lista este el link en el que podrán observar que Luxemburgo y Suiza son miembros de la citada Organización, dato que considero curioso en el asunto que nos atañe: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/

Aunque no hay un manual que ayude a definir qué es un paraíso fiscal, sí se conocen algunas características, a saber:

  1. Si los tienen, acostumbran a tener sistemas tributarios especialmente favorables para los no residentes, lo cual es una forma de atraer capitales extranjeros ya que en los países OCDE suele ser al contrario – de ahí lo importante de tener acuerdos bilaterales para suavizar esta tributación mediante los Convenios para evitar a Doble Imposición (CDIs).
  2. Suelen tener leyes de secreto bancario y de protección de datos personales.
  3. No tienen normas internas ni acuerdos bilaterales que permitan el intercambio de información con otros países.

Por todo lo anterior, podemos concluir que los paraísos fiscales se caracterizan por tener un sistema tributario “blando” especialmente con los no residentes en comparación con los países de la OCDE así como por su opacidad.

Llegados a este punto, podríamos analizar, de los 200 países que existen actualmente en el mundo, cuáles cumplen o incumplen estos requisitos y podría salir una lista larguísima. A la OCDE le salieron, en el año 2000, cuarenta países que colocó en su “lista negra” pero pronto (en 2012) los dejó en 2: Nauru y Niue (Nueva Zelanda). Ni que decir tiene que Nueva Zelanda forma pare de la OCDE (OMG!).

Desde 2000 y hasta 2012, la mayoría de los países de la “lista negra” pasaron a una “lista gris” ya que éstos se comprometieron a “mejorar la transparencia e intercambio de información”. Ese compromiso y un brindis al sol era lo mismo por lo que, para abandonar la lista gris, la OCDE exigió un mínimo de 12 convenios de intercambio de información firmados – ojo, firmados no significa vigentes, pues suele ocurrir que se firmen un año para empezar a aplicarse con posterioridad, transcurridos unos meses – y de los 12 países con los que el paraíso fiscal suscriba los convenios, debe haber algunos “de calidad”, es decir, no se acepta que los países de la lista gris firmen convenios sólo entre sí. Asimismo, los convenios firmados deben hacerse efectivos, es decir, deben aplicarse en su extensión.

La realidad es que se pone mucho énfasis en los paraísos fiscales pero:

  1. Países con cláusulas de información en sus convenios hay muchos pero que las apliquen hay menos, es decir, con territorios no considerados paraísos fiscales no se intercambia información a pesar de tenerlo acordado, por lo que la opacidad persiste.
  2. Muchos territorios pertenecientes a la OCDE tienen tratos fiscales “blandos” para atraer a no residentes. Sin ir más lejos, España tiene la archifamosa “Ley Beckham” que establece una tributación especial para los no residentes que fijen su domicilio habitual en España. Dicho régimen resulta mucho más favorable que la que correspondería, en idénticas condiciones económicas, a un residente español. Sobre esta Ley, se puede consultar mi post donde trato sobre ella.

En mi opinión, el criterio OCDE para elaborar listas sorprende.

En el próximo post, trataré sobre la política de España en relación con esta cuestión.

 

El órdago del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los no residentes que tributan por el ISD:

No es algo nuevo que la tributación de un no-residente en un territorio sea más gravosa que la de un residente en ese territorio, de hecho, es algo tan habitual que para eso – aunque no solo – la OCDE creó los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), los cuales, entre otras cuestiones, pueden establecer limitaciones a la tributación que se aplica en un territorio sobre determinados rendimientos de un no residente (pero residente del otro estado que firma el CDI). Dichas limitaciones afectan, generalmente, a los rendimientos que un no-residente obtiene a efectos del Impuesto de la Renta y del Impuesto sobre Sociedades.

Suponiendo que exista un CDI, los “problemas” para un no-residente surgen cuando en el país del que no es residente éste se convierte en sujeto pasivo de otros impuestos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). P.e., un residente alemán que reciba bienes radicados en España como consecuencia de una herencia. Este sería el caso paradigmático que se vería afectado por la referida Sentencia  que hoy trato en este post.

Antes de analizar la Sentencia y sus consecuencias, unas cuestiones previas sobre este Impuesto:

  • El ISD se regula en una Ley de ámbito nacional (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Podéis consultar el texto íntegro en este link https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141&tn=1&vd=&p=20131228&acc=Elegir
  • Al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, éstas pueden introducir – como así ha sido – reducciones y bonificaciones fiscales que se aplican únicamente en caso de conexión exclusiva con la Comunidad correspondiente.
  • En el caso de la Sucesión, con carácter general, el territorio de tributación será el del causante, es decir, en herencias, se tributa acorde a la normativa donde resida el fallecido.
  • En el caso de la donación, con carácter general, el territorio de tributación será el del donatario, es decir, en donaciones, se tributa acorde a la normativa donde resida el beneficiarlo. Caso especial sería la donación de bienes raíces, los cuales atraen la tributación al territorio donde radica el bien.

Ahora, ¿qué ocurre cuando un no-residente recibe bienes o derechos como consecuencia de una donación o herencia? En este caso, la propia Ley establece que se tributará conforme a la normativa general, esto es, sin tener en cuenta las normativas autonómicas que actualmente contemplan más reducciones y bonificaciones que la citada Ley 29/1987.

Lo anterior implica que la carga fiscal soportada por el contribuyente residente es considerablemente inferior a la impuesta por la legislación estatal lo que podría constituir una limitación a la libertad de circulación de capitales ya que discriminaría los capitales de comunitarios no-residentes en territorio español. Esta cuestión fue planteada por la Comisión Europea y ha desembocado en la sentencia del pasado 3 de septiembre, emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se resuelve que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en relación con los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 40 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo ya que discrimina la tributación de los no-residentes en relación con los residentes reduciendo el valor de sus bienes.

La situación es grave por cuanto:

  • La Comisión Europea realizó peticiones en 2010 y 2011 al Gobierno de España para que se modificara la normativa de este tributo.
  • Ante el silencio del Gobierno de España a las peticiones realizadas por la Comisión, en marzo de 2012 ésta interpuso recurso contra España ante el TJUE.
  • El mismo Tribunal, en Sentencia de 17 de Octubre de 2013, ya se pronunció de manera similar en relación con la legislación alemana sobre ese impuesto a petición de un residente suizo, por lo tanto, el Gobierno de España ya tenía serios indicios de la sentencia que podría resolverse en su caso.
  • Lo anterior puede generar – de hecho se espera que ocurra – la iniciación de múltiples procedimientos de devolución de ingresos indebidos para solicitar el resarcimiento de las cuotas liquidadas e ingresadas de más, con sus correspondientes intereses.
  • A partir de ahora se abre la posibilidad de liquidar un ISD contraviniendo el texto de la Ley española, lo cual es maravilloso para el sufrido contribuyente ya que complica más la liquidación y gestión del Impuesto con la inseguridad jurídica que ello conlleva.

Sólo resta añadir que esta Sentencia se circunscribe exclusivamente al ISD pero que en idéntica situación de incumplimiento de los artículos de la legislación comunitaria (arts. 63 y 40) se podría encontrar el Impuesto sobre el Patrimonio, de modo que habrá que esperar a ver si ocurre algo con este segundo.