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Me voy a Madrid para pagar menos impuestos

El fallecimiento de la Duquesa de Alba ha hecho que más de uno se pregunte cómo puede ser que, siendo público y notorio que esa persona vivía en Sevilla, su sucesión tribute en Madrid. Y es que, en Madrid, este impuesto está muy bonificado si se compara con Andalucía.

Si bien en los anteriores posts analicé los criterios de nuestra Administración Tributaria para determinar la residencia de un contribuyente del IRPF y los elementos de atracción a territorio nacional, tanto si uno es persona física no residente como si es una sociedad, en éste, analizaré los criterios que nuestra normativa establece a la hora de determinar la residencia del contribuyente – persona física – dentro del territorio español.

Para determinar la residencia fiscal de una persona dentro del territorio nacional, hay que consultar la Ley General Tributaria (LGT).

De entrada, la LGT define el domicilio fiscal de las personas físicas como “el lugar donde tengan su residencia habitual”. Una mente ágil pensará, “pues fijo mi domicilio en Madrid, lo comunico (condición indispensable y obligatoria se tenga actividad económica o no y sancionable en caso de omisión de dicha obligación) y rebajo mi factura tributaria”. Pues no es tan sencillo.

Lógicamente, uno puede decidir trasladarse a Madrid – para seguir con el ejemplo paradigmático – pero la misma Ley establece que “para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, es decir, si uno vive en Madrid pero su empresa o su actividad económica se desarrolla principalmente en Valencia, su domicilio fiscal quedará fijado en esa Comunidad.

Adicionalmente, la LGT establece que si no pudiera establecerse de forma clara el lugar de la “gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, por ejemplo, porque hay varios focos de actividad económica desarrollada en distintas CCAA, prevalecerá el domicilio donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas, es decir, deberá valorarse los activos de cada territorio y ordenarlos de modo que, el mayor atraerá la residencia del contribuyente.

En el caso mediático de la Duquesa, cabe suponer que la dirección de la actividad de su Fundación determina su residencia en Madrid, con independencia que pasara más tiempo en su palacio de Sevilla que en cualquier otra de sus viviendas.

Fijar la residencia condiciona el pago de los impuestos ya que cada autonomía tiene competencias sobre IRPF (parciales) y en especial, para el caso citado, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ya que la sucesión tributa en sede del causante, es decir, del que fallece.

Añado que la norma establece que “cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente” por lo que el día que las autonomías despierten y empiecen a comprobar la residencia de los contribuyentes pueden saltar las costuras de más de uno. Ni es tarea fácil ni las personas de a pie suelen tener previstas las consecuencias tributarias de esas cuestiones “residenciales”.

Así pues, les recomiendo que si cambian de domicilio dentro del territorio, determinen correctamente su residencia ya que ello tiene implicaciones en sus impuestos personales y en los de sus sucesores.

¿Dónde pagan las empresas sus impuestos?

Mucho se habla de lo pernicioso de la globalización para la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y de lo “malo” que resulta para la recaudación cuando las empresas multinacionales aprovechan la existencia de distintas soberanías fiscales: lo que algunos definen como “optimización fiscal” y otros califican de “defraudación” a la Hacienda Pública.

Si en el anterior post  traté sobre las formas de atraer hacia España la tributación de las personas físicas, en éste daré repaso a los mismos criterios pero aplicados a las empresas. Verán que todo está muy claro y que, como casi siempre, los malos resultados en la recaudación se explican más por la incapacidad e ineficiencia de nuestro sistema tributario que por el hecho de que las compañías se dediquen a defraudar de forma generalizada. Sobre esta cuestión es interesante recordar lo que establece la Navaja de Okcham: la explicación sencilla es la más probable.

Para empezar, diré que la regulación establece que deben pagar sus impuestos en España aquellas empresas con residencia en territorio español. No obstante, se entiende que puede haber supuestos en los que la compañía no esté establecida en territorio español pero obtenga rentas que deban tributar, lo que lleva a la determinación de elementos objetivos de atracción de la tributación de las operaciones de la compañía – totales o en parte – a España.

Para determinar esos elementos de atracción, hay que ir a la normativa del Impuesto sobre Sociedades (IS) y la de no residentes (Impuesto de la Renta de No Residentes – IRNR y Convenios para evitar la Doble Imposición – CDI, si los hubiera).

Así, con base en nuestro Impuesto sobre Sociedades, se establece que se consideran empresas con residencia en territorio español y por consiguiente, deberán tributar por sus rentas mundiales en España:

  •  Las que tengan su domicilio social en España (viene fijado en estatutos).
  • Las que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español de modo que, si tenemos una sociedad con domicilio en Andorra pero sus actividades se dirigen desde España, la tributación de la compañía se atrae donde resida su sede de dirección, es decir, España. Sobre esta cuestión, la norma se extiende especialmente en los casos en los que el país donde radica la compañía tiene consideración de paraíso fiscal, porque como ustedes ya saben por mi post sobre paraísos fiscales, nuestra normativa es muy restrictiva a este respecto.

Aparte de estos dos supuestos, la normativa de no residentes establece situaciones en las que las empresas sin residencia en España deberán tributar en este territorio por las rentas generadas en él, por lo que una compañía no establecida que genere beneficios por sus operaciones en España, debe dejar en este territorio “parte del pastel”. Para determinar la parte de ese “pastel”, debe establecerse si la compañía opera mediante un Establecimiento Permanente (EP) o sin él. Lo primero requiere obligaciones contables y liquidación del Impuesto similar al IS pero con restricciones y lo segundo supone una tributación por cada operación. No se trata de algo a la carta sino que debemos remitirnos a la norma para saber en qué caso se encuentra la empresa.

Sin extenderme en exceso so pena de aburrirles, se considera EP y por tanto deben tributar en España con independencia de su domicilio:

  • Las sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, almacenes, tiendas u otros establecimientos.
  • Las minas, pozos de petróleo o de gas y canteras.
  • Las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias.
  • Cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales.
  • Las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses.

Cuando no concurren las causas referidas que obligarían a constituir un EP pero la empresa no establecida realiza, p.e. alguna operación de prestación de servicios, reaseguros o enajenación de bienes corporales en España, también debe tributar aquí pero se simplifica la cuestión ya que se grava cada operación, de modo que el pagador residente en España retiene una cantidad y la ingresa en la Agencia Tributaria.

En estos casos, la Ley General Tributaria establece la responsabilidad solidaria del pagador, con lo que el posible incumplimiento del no-residente le acarrea contingencias fiscales al empresario residente que contrata. El típico ejemplo sería el de un empresario español que contrata servicios a un no-residente. En este caso, a la hora de pagar, debería informarle de que le retiene una parte en concepto de IRNR que el extranjero podrá deducirse (o no) cuando pague los impuestos en su país de residencia. Si no lo hace así, Hacienda le podrá reclamar al empresario español el importe no retenido ni ingresado en plazo en los siguientes cuatro años, más sanción e intereses que puedan derivar de dicho incumplimiento.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los CDIs que pudieran aplicarse y que acostumbran a suavizar la tributación del no-residente.

Por lo visto hasta aquí podemos constatar que nuestra normativa ya establece formas de tributación para las compañías extranjeras, por lo que sorprende la queja constante de las autoridades tributarias en relación con el “escapismo” de las compañías a la hora de liquidar su factura impositiva. El problema puesto de manifiesto por las autoridades fiscales se fundamenta en dos hechos:

  1. En primer lugar, no todas las empresas determinan correctamente el establecimiento permanente y ello es difícil – que no imposible – de controlar por la inspección tributaria ya que si no declaran el EP, la Inspección no lo tiene “en el sistema”, debe “buscar” e investigar más allá de las paredes de sus despachos y claro, eso tiene sus complicaciones.
  1. En segundo lugar, los gastos que deducen los EP y cualquier filial establecida – en concepto de precios de transferencia y otros pagos efectuados a la matriz – no siempre están bien determinados y no es extraño que el margen declarado en España sea menor del que pudiese corresponder ya que hay una tendencia a repatriar lo máximo hacia la matriz. Este último extremo requeriría una normativa clara en precios de transferencia (la tenemos pero es mejorable), su armonización a nivel mundial (la OCDE lo contempla) y “last but not least”: acuerdos de la Administración con las compañías para su correcta determinación, lo cual es muy difícil porque aunque se prevé en nuestro ordenamiento, nuestra Administración no es pactista.

En resumen, antes de señalar con el dedo otras jurisdicciones con sistemas tributarios legítimos más amables y criminalizar las prácticas tributarias de las compañías (a veces llevadas al extremo) sería conveniente analizar de forma crítica qué se hace a nivel de inspección y de establecimiento de precios de transferencia. A otros países les sale mejor.

Cambiar de residencia para pagar menos impuestos

Cuando Gerard Depardieu dijo que emigraba a Rusia para zafarse del sistema tributario francés, tal vez más de uno estuvo tentado de seguir sus pasos. No obstante, casos como el de Arantxa Sánchez Vicario o Montserrat Caballé deben hacer reflexionar sobre cómo se hacen esos cambios de residencia, qué se persigue con ello y, sobre todo, cuáles serán los criterios de nuestra Administración Tributaria a la hora de aceptar perder un contribuyente del IRPF.

Para saber si una persona es residente fiscal en España hay que ir a la normativa del IRPF ya que en ella se establecen varios criterios dirigidos a atraer la tributación a nuestra jurisdicción, a saber:

  • Que la persona permanezca más de 183 días, durante un año natural, en España. A sensu contrario, podría inferirse que si uno viaja tanto que al final pasa más de 6 meses fuera de España se ahorra la factura tributaria del IRPF pero ello nos induce a error ya que estamos hablando de elementos de atracción, no de elementos de pérdida de condición de contribuyente por el IRPF.
  •  Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos. De esta manera, si una persona vive en Andorra (aprovecho para recordarles que ya no es paraíso fiscal) pero sus rentas provienen de empresas radicadas en España, usted seguiría teniendo consideración de contribuyente del IRPF.
  • Para finalizar, un elemento fundamental de atracción es lo que se conoce como “centro de intereses vitales”, que consiste en considerar residente fiscal español, con independencia de los criterios anteriores, aquella persona cuyo cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan del contribuyente residan en España.

Igualmente, se siguen considerando contribuyentes del IRPF – a pesar de residir en el extranjero – a los miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas, funcionarios en el extranjero con cargo o empleo oficial y otros cargos singulares. En este sentido, recordarán la controversia de algunos eurodiputados que decidieron tributar en Bruselas aprovechándose de una tributación mucho más “friendly” que la española. Pues ya ven…

No obstante lo anterior, si se produce un cambio de residencia a un país con el que España tenga suscrito un Convenio para Evitar la doble Imposición (CDI), habrá que analizar la casuística detallada en el convenio para determinar su residencia fiscal ya que los criterios suelen ampliarse. Asimismo, si el cambio de residencia se hace a un territorio considerado paraíso fiscal hay que acreditar el cambio de residencia de forma especial, ya que como sabrán (por haberlo leído ya en otros posts) nuestra normativa es muy restrictiva cuando de paraísos fiscales se trata.

Un detalle: ser contribuyente del IRPF implica tributar en España por sus rentas y rendimientos mundiales por lo que si se determina incorrectamente la residencia fiscal del contribuyente, la contingencia fiscal no es poca.

Así pues, les recomiendo que si cambian de residencia, se aseguren de cumplir los requisitos que impone nuestra normativa y paguen los impuestos en el territorio que le corresponda para evitar males mayores.