¿Qué es la inseguridad jurídica?

Muchas veces se habla de la inseguridad jurídica que existe en nuestro país y lo perjudicial que eso es para la actividad económica. Ejemplos básicos de esta inseguridad los encontramos en el día a día: que el estado sobrepase los plazos de pago a sus proveedores incumpliendo la Ley de morosidad que él mismo promulga o que los plazos de Hacienda para resolver (6 meses con carácter general) se rebasen de forma sistemática son un atropello sin paliativos.

Hoy les hago una retrospectiva de un impuesto cuya existencia es curiosa, si revisamos el modo como se ha implantado en nuestro sistema tributario: el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto en cuestión fue introducido por la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, estableciéndose con “carácter excepcional y transitorio” como un “Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas”.

Catorce años después, se pone fin a dicha transitoriedad con la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

El 23 de diciembre de 2008 se bonificó al 100 por 100 la cuota del impuesto mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. Junto a la bonificación se eximía de la obligación de declarar los bienes, por lo que se vendió esta medida como una supresión del Impuesto. Aunque fue una eliminación de facto, el modus operandi hizo que asesores fiscales y abogados en general desconfiáramos del carácter permanente de dicha “supresión”. No obstante, ello no evitó el efecto electoral de dicha medida ya que el contribuyente que tributaba por este impuesto vio una rebaja fiscal inmediata y un alivio de sus obligaciones tributarias dado la laboriosidad que implica la declaración del impuesto por su carácter censal, como ya comenté en un post anterior.

Con el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal se elimina la bonificación de modo que ese mismo 2011 se reactivó dicho impuesto con carácter temporal para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En consecuencia, sin ningún trámite legislativo, este 2015 se hubiese vuelto a la situación previa al RDL 13/2011, es decir, un Impuesto bonificado y sin obligación de presentar declaración.

Con la reforma tributaria tan comentada en 2014, se planteó inicialmente la supresión de este Impuesto. De hecho, la Comisión Lagares lo propuso en su informe. Pero en el anteproyecto de Ley no se mencionaba nada, de modo que se asumió que se prorrogaría de algún modo dicho impuesto.

Este “de algún modo” se tradujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (Ley 36/2014 de 26 diciembre) que modifica – atención – el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre prorrogando un año más este tributo.

No hay que olvidar que estamos hablando de un impuesto cedido a las CCAA, por lo que cualquier medida dirigida a modificar o suprimir este tributo debe consensuarse con los gobiernos autonómicos y pasa por una compensación económica con cargo a las arcas del estado.

Por último, al ser 2015 un año electoral, a nadie se le escapa que este Impuesto puede ser elemento de discusión, aunque con esta “moda” de legislar vía presupuestos generales del estado, tal vez el Gobierno en funciones se limite a prorrogar de nuevo esta medida, de hecho sería lo más razonable ya que un gobierno en funciones, al tener sus competencias limitadas, no podría realizar modificaciones legislativas sustanciales.

Esto se denomina inseguridad jurídica.

Un pensamiento en “¿Qué es la inseguridad jurídica?

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