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Colaboración en el programa “Duros a 4 pessetes”

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A partir de este mes de Septiembre, tengo el placer de colaborar en el programa “Duros a 4 pessetes” dirigido por Quim Esteban que se emitirá en COPE Catalunya y Andorra todos los domingos de 11:00 a 12:00.

En el programa se tratarán aspectos económicos y empresariales dirigidos a pymes, autónomos y emprendedores y dispondré de un espacio breve de análisis y actualidad en el ámbito de los tributos con el objeto de dar información útil y consejos para los oyentes, con un formato dinámico, ágil y entendedor.

¿Operar con sociedades para pagar menos impuestos?

Mucho se ha hablado de la sociedad del Sr. Monedero o de las sociedades de artistas y personajes mediáticos como Latre, Wyoming o Sabina y de si los servicios profesionales que prestaron se debían facturar personalmente o es correcto realizarlo a través de una sociedad mercantil cuando ésta carece de empleados, no paga alquiler o no tiene un local afecto a su actividad y, en muchos casos, quien presta el servicio es la persona que es Administrador y que, a su vez, es poseedora del 100 por 100 del capital.

El código de comercio y las normas mercantiles no dicen nada al respecto y la verdad es que los motivos por los que se puede crear una sociedad son múltiples y variados: desde dar publicidad a las cuentas de la actividad a través del Registro Mercantil, mayor accesibilidad al crédito, imagen (en el sector en el que se opera puede quedar “raro” operar personalmente), para limitar la responsabilidad (en una mercantil se limita la responsabilidad, salvo gestión fraudulenta, al capital mientras que operar como empresario individual supone responder con todo el patrimonio actual y futuro), etc.

Hasta aquí lo que es una cuestión de economía de opción, pero ¿qué ocurre a nivel tributario? Tal como está la normativa fiscal en la actualidad, las sociedades mercantiles y las actividades profesionales calculan el rendimiento (base imponible) de forma más o menos parecida pero donde existe el mayor “gap” entre las dos tributaciones radica en los tipos impositivos. Y aquí es donde la economía de opción – entendido como el ofrecimiento explícito por el ordenamiento de fórmulas jurídicas igualmente válidas – y el fraude de ley – acto o negocio jurídico basado en una norma para alcanzar un objetivo que no es propio de esa norma y contrario a otra (norma defraudada) – se confunden.

El problema de raíz estriba en que una actividad ejercida de forma directa, es decir, como persona física, tributa a los tipos establecidos en el IRPF, que actualmente son tramos progresivos de acuerdo a una escala que varía según la Comunidad Autónoma en la que se tribute. En el caso de Cataluña dicha escala va desde el 21,56 % al 46 % mientras que en el caso de las sociedades, éstas tributan, en cumplimiento de determinados requisitos a los tramos 15 % – 20 % o 25 % – 28 % aplicando el primer tramo en ambos casos a los primeros 300.000 euros de base imponible. En consecuencia, la sociedad paga la mitad o menos de lo que paga un profesional. ¿Tiene alguna lógica?

Vista esta diferencia y sabiendo cómo toma las decisiones el ser humano, existían en nuestra legislación unos regímenes especiales que hacían irrelevante ejercer determinadas actividades de forma directa o a través de una sociedad. Estos regímenes especiales eran los de transparencia fiscal y de sociedades patrimoniales. Dichos regímenes equiparaban la tributación de determinadas actividades, se ejerciesen éstas a través de una sociedad o de forma personal.

Así, las sociedades de prestación de servicios profesionales tales como abogados, asesores, arquitectos o médicos, tributaban igual por las actividades declaradas que si los profesionales las realizasen de forma directa. El resultado era que se constituían sociedades por los motivos que se considerasen oportunos más allá de las consecuencias tributarias. Lo mismo ocurría con sociedades de artistas o con las patrimoniales (de gestión de patrimonios). Las sociedades de artistas, profesionales y patrimoniales, existían y la situación era pacífica.

Entonces, si ya existía algo que funcionaba ¿qué ha ocurrido para que se haya creado esta sensación de presunción de fraude cuando encontramos una sociedad que cumpliría los requisitos para estar incluida en uno de estos regímenes especiales? La respuesta es fácil por obvia: el legislador suprimió estos regímenes especiales.

La transparencia en las sociedades profesionales y de artistas se derogó con efectos 1 de enero de 2003 por la  ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Ministro en aquel momento era Rodrigo Rato (PP).

En cuanto al régimen de las patrimoniales, se derogó con la Ley 35/2006 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con efectos 1 de enero de 2007. En este caso, el Ministro fue Pedro Solbes (PSOE).

Ni que decir tiene que la Inspección de tributos ha puesto énfasis en este asunto y que las sociedades de profesionales forman parte de cualquier Plan de Prevención del Fraude o Plan de Inspección que se precie desde entonces. Esto también crea inseguridad jurídica.

Planificar los impuestos no es de ricos

En nuestra cultura suele asociarse planificación fiscal a algo negativo, cuando en realidad, lo más habitual es que cualquier cosa se planifique. Cualquier decisión en nuestra vida aconseja un mínimo de planificación que consiste en evaluar opciones y elegir la que más se alinee con nuestros intereses.

En el caso de los impuestos, aunque sabemos que, con una alta probabilidad, muchas decisiones que tomemos tienen consecuencias tributarias, poca gente incorpora ese coste en las opciones valoradas a la hora de tomar decisiones y es entonces cuando se pierden opciones. Ejemplos sencillos que aconsejan tener en cuenta el coste tributario son, p.e., cambiar de vivienda, decidir qué hacer con un dinero ahorrado (cuenta corriente, fondo de inversión, amortización de hipoteca….), hacer una donación antes de final de año o no, etc.

Ni la planificación fiscal es negativa ni es exclusiva de grandes fortunas. Como un eminente bufete anglosajón anunciaba en su web, “you can save a lot of money on your taxes if you follow some steps”.

Por ello os hago unas recomendaciones que conviene tener presentes antes de que acabe el año. Planificar vuestro IRPF hoy tendrá consecuencias en la declaración que liquidéis en mayo o junio de 2015.

  • Deducción por adquisición de vivienda habitual: la base de la deducción por contribuyente es de 9.040€ anuales. Si la suma de los recibos pagados en 2014 no llega a esa cuantía, es aconsejable amortizar hipoteca antes de que acabe el año. Sobre el importe pagado (capital e intereses) se aplica una deducción del 15%, por lo que ninguna cuenta de ahorro puede competir con esa rentabilidad y además, se reduce vuestro endeudamiento.
  •  Aportaciones a Planes de Pensiones: la normativa tributaria intenta incentivar este tipo de ahorro, por lo que si tenéis pensado realizar aportaciones, conviene que las hagáis antes de 31.12 teniendo en cuenta los límites deducibles que establece la normativa. Por encima de dichos límites, no existe deducción, lo que no evita que se pueda aportar tanto como uno estime necesario. A continuación, los límites establecidos:

– El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio (50% para contribuyentes mayores de 50 años).

               ó

– 10.000 euros anuales (12.500 para contribuyentes mayores de 50 años).

  • Ganancias patrimoniales a más de una año: si habéis suscrito un fondo de inversión o habéis comprado bienes (acciones, inmuebles…) que vendéis antes de que hayan transcurrido 12 meses, el rendimiento se integra en la Base Imponible General, lo que obliga a ir a los tipos progresivos del IRPF vigente en 2014 (el mínimo es del 24,75%, el máximo en algunas CCAA es del 56%). Si se puede, es mejor esperar a 1 de enero ya que, con la reforma fiscal aprobada en noviembre, estas ganancias se vuelven a integrar en la Base del Ahorro, siendo tipos a aplicar en 2015 los que detallo:

  • Donativos: la normativa fiscal establece una deducción en el IRPF del 30% o del 10% de las cantidades donadas en función de las condiciones que cumpla la entidad beneficiaria. De modo que si tiene usted previsto realizar alguna donación, tenga en cuenta que si lo hace antes de 31.12 la podrá descontar de su factura tributaria de mayo / junio.

Así pues, les recomiendo que antes de que acabe el año tomen decisiones y piensen un poco en sus impuestos. Su bolsillo lo agradecerá.

Me voy a Madrid para pagar menos impuestos

El fallecimiento de la Duquesa de Alba ha hecho que más de uno se pregunte cómo puede ser que, siendo público y notorio que esa persona vivía en Sevilla, su sucesión tribute en Madrid. Y es que, en Madrid, este impuesto está muy bonificado si se compara con Andalucía.

Si bien en los anteriores posts analicé los criterios de nuestra Administración Tributaria para determinar la residencia de un contribuyente del IRPF y los elementos de atracción a territorio nacional, tanto si uno es persona física no residente como si es una sociedad, en éste, analizaré los criterios que nuestra normativa establece a la hora de determinar la residencia del contribuyente – persona física – dentro del territorio español.

Para determinar la residencia fiscal de una persona dentro del territorio nacional, hay que consultar la Ley General Tributaria (LGT).

De entrada, la LGT define el domicilio fiscal de las personas físicas como “el lugar donde tengan su residencia habitual”. Una mente ágil pensará, “pues fijo mi domicilio en Madrid, lo comunico (condición indispensable y obligatoria se tenga actividad económica o no y sancionable en caso de omisión de dicha obligación) y rebajo mi factura tributaria”. Pues no es tan sencillo.

Lógicamente, uno puede decidir trasladarse a Madrid – para seguir con el ejemplo paradigmático – pero la misma Ley establece que “para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, es decir, si uno vive en Madrid pero su empresa o su actividad económica se desarrolla principalmente en Valencia, su domicilio fiscal quedará fijado en esa Comunidad.

Adicionalmente, la LGT establece que si no pudiera establecerse de forma clara el lugar de la “gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, por ejemplo, porque hay varios focos de actividad económica desarrollada en distintas CCAA, prevalecerá el domicilio donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas, es decir, deberá valorarse los activos de cada territorio y ordenarlos de modo que, el mayor atraerá la residencia del contribuyente.

En el caso mediático de la Duquesa, cabe suponer que la dirección de la actividad de su Fundación determina su residencia en Madrid, con independencia que pasara más tiempo en su palacio de Sevilla que en cualquier otra de sus viviendas.

Fijar la residencia condiciona el pago de los impuestos ya que cada autonomía tiene competencias sobre IRPF (parciales) y en especial, para el caso citado, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ya que la sucesión tributa en sede del causante, es decir, del que fallece.

Añado que la norma establece que “cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente” por lo que el día que las autonomías despierten y empiecen a comprobar la residencia de los contribuyentes pueden saltar las costuras de más de uno. Ni es tarea fácil ni las personas de a pie suelen tener previstas las consecuencias tributarias de esas cuestiones “residenciales”.

Así pues, les recomiendo que si cambian de domicilio dentro del territorio, determinen correctamente su residencia ya que ello tiene implicaciones en sus impuestos personales y en los de sus sucesores.