Archivo de la etiqueta: Bienes en el extranjero

Sobre los Paraísos Fiscales (2/2)

En el anterior post repasé las características que acostumbran a darse en los territorios que se califican como paraísos fiscales e introduje las listas de varios colores establecidas por la OCDE que se conocen como “lista gris” y “lista negra” que, por su tono, ya nos induce a pensar que estar en ellas no debe ser nada bueno.

Sin embargo, hay que saber que los paraísos fiscales son definidos por cada país de modo que, aunque las listas de la OCDE pueden orientar a la hora de saber qué países tienen sistemas tributarios “blandos” y sistemas de información “opacos”, se trata de una calificación unilateral de cada estado.

Así, si un residente de un país – individual o empresa – tiene que operar con el extranjero, es conveniente que antes de hacerlo consulte las listas de paraísos fiscales que su jurisdicción fiscal contempla, sobre todo si la jurisdicción es la española, ya que nuestra legislación se caracteriza por ser fuertemente “anti paraíso fiscal” en comparación con otros países de “nuestro entorno”.

En España, la lista de paraísos fiscales se detalla en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, el cual se aprobó para aclarar qué territorios debían considerarse paraísos fiscales ya que en 1990 y el mismo 1991 se dictaron normas en las que se limitaban, a nivel fiscal, las transacciones con esos países pero hasta la publicación del citado Real Decreto, no se sabía a qué se referían las normas dictadas cuando hablaban de “paraíso fiscal”.

Inicialmente, se enumeraron cuarenta y ocho territorios y la propia norma establecía que, para dejar de ser considerado paraíso fiscal, los países enumerados deberán firmar Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) con cláusula de intercambio de información o bien un Acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se estableciera que dejan de tener dicha consideración desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen. Pueden consultar los modelos de CDI, acuerdos de intercambio de información y demás asuntos relativos a la imposición internacional establecidos por la OCDE en este link: http://www.oecd.org/tax/

A día de hoy, la lista de paraísos fiscales en España se ha reducido a treinta y cuatro. Para consultar la lista actual, pueden consultar la página 56 del documento que enlazo

Como resumen de lo anterior, una idea debe quedar clara: las transacciones llevadas a cabo con paraísos fiscales no son ilegales ni están prohibidas pero para evitar problemas, son necesarias unas precauciones que hay que tener muy en cuenta cuando un residente fiscal español va a operar con estos territorios. A continuación, unas pinceladas de las “normas anti-paraíso” que tenemos en nuestro sistema tributario:

  • Se imponen estrictas obligaciones de información sobre los bienes radicados en esos territorios.
  • Si un residente español (persona física o jurídica) tiene una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal, debe aplicarse la llamada transparencia fiscal internacional por la que se imputan los beneficios de una sociedad directamente a sus partícipes. En consecuencia, las rentas generadas en el paraíso fiscal tributarían en España.
  • El residente español que desplaza su domicilio habitual a un paraíso fiscal queda obligado a mantener su condición de contribuyente del IRPF en el año del cambio de residencia y los cuatro siguientes, lo cual implica tributar en España por sus rendimientos mundiales mucho después de perder la residencia española.
  • Se establece un gravamen especial del 3% a aquellas entidades radicadas en paraísos fiscales con bienes inmuebles ubicados en España.
  • Queda limitada la deducción de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades o del IRPF que se reciben de entidades radicadas en esos territorios calificados como paraíso fiscal.

Con independencia de lo poco estético que resulta tener tratos con paraísos fiscales, habrán observado que se puede operar con estos territorios a pesar de que nuestra legislación desincentiva la transacción directa con ellos.

A decir verdad, España es pionera en la lucha contra los paraísos fiscales por lo que, realmente, quien los utiliza sabe exactamente donde se mete.

Sobre los Paraísos Fiscales (1/2)

Está de moda hablar de paraísos fiscales pero sobre todo, está de moda criminalizarlos. Dejando de lado la estética de tener intereses económicos en esos países, hay que saber que operar con un paraíso fiscal no está prohibido.

Permítanme unas pinceladas sobre lo que se entiende por paraíso fiscal:

Para empezar, un paraíso fiscal es algo que ha definido la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organización que está formada por 34 países de los casi 200 que existen en nuestro planeta. Pueden consultar la lista este el link en el que podrán observar que Luxemburgo y Suiza son miembros de la citada Organización, dato que considero curioso en el asunto que nos atañe: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/

Aunque no hay un manual que ayude a definir qué es un paraíso fiscal, sí se conocen algunas características, a saber:

  1. Si los tienen, acostumbran a tener sistemas tributarios especialmente favorables para los no residentes, lo cual es una forma de atraer capitales extranjeros ya que en los países OCDE suele ser al contrario – de ahí lo importante de tener acuerdos bilaterales para suavizar esta tributación mediante los Convenios para evitar a Doble Imposición (CDIs).
  2. Suelen tener leyes de secreto bancario y de protección de datos personales.
  3. No tienen normas internas ni acuerdos bilaterales que permitan el intercambio de información con otros países.

Por todo lo anterior, podemos concluir que los paraísos fiscales se caracterizan por tener un sistema tributario “blando” especialmente con los no residentes en comparación con los países de la OCDE así como por su opacidad.

Llegados a este punto, podríamos analizar, de los 200 países que existen actualmente en el mundo, cuáles cumplen o incumplen estos requisitos y podría salir una lista larguísima. A la OCDE le salieron, en el año 2000, cuarenta países que colocó en su “lista negra” pero pronto (en 2012) los dejó en 2: Nauru y Niue (Nueva Zelanda). Ni que decir tiene que Nueva Zelanda forma pare de la OCDE (OMG!).

Desde 2000 y hasta 2012, la mayoría de los países de la “lista negra” pasaron a una “lista gris” ya que éstos se comprometieron a “mejorar la transparencia e intercambio de información”. Ese compromiso y un brindis al sol era lo mismo por lo que, para abandonar la lista gris, la OCDE exigió un mínimo de 12 convenios de intercambio de información firmados – ojo, firmados no significa vigentes, pues suele ocurrir que se firmen un año para empezar a aplicarse con posterioridad, transcurridos unos meses – y de los 12 países con los que el paraíso fiscal suscriba los convenios, debe haber algunos “de calidad”, es decir, no se acepta que los países de la lista gris firmen convenios sólo entre sí. Asimismo, los convenios firmados deben hacerse efectivos, es decir, deben aplicarse en su extensión.

La realidad es que se pone mucho énfasis en los paraísos fiscales pero:

  1. Países con cláusulas de información en sus convenios hay muchos pero que las apliquen hay menos, es decir, con territorios no considerados paraísos fiscales no se intercambia información a pesar de tenerlo acordado, por lo que la opacidad persiste.
  2. Muchos territorios pertenecientes a la OCDE tienen tratos fiscales “blandos” para atraer a no residentes. Sin ir más lejos, España tiene la archifamosa “Ley Beckham” que establece una tributación especial para los no residentes que fijen su domicilio habitual en España. Dicho régimen resulta mucho más favorable que la que correspondería, en idénticas condiciones económicas, a un residente español. Sobre esta Ley, se puede consultar mi post donde trato sobre ella.

En mi opinión, el criterio OCDE para elaborar listas sorprende.

En el próximo post, trataré sobre la política de España en relación con esta cuestión.

 

Las obligaciones de información cuando existen bienes en el extranjero

Tener bienes en el extranjero, en principio, no debería ser un problema si usted no los esconde. Pues bien, eso no es exactamente así: si usted o su empresa tiene bienes en el extranjero debe tener en cuenta que hay que informar a cada organismo competente sobre dichos bienes y que la información que usted o su empresa facilita sobre esos bienes a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sociedades o las Cuentas Anuales no es suficiente.

Suele ocurrir que cuando hablamos de declaraciones informativas usted se relaja porque “ya no hay que pagar”. No se engañe: es mejor no ignorar estas declaraciones informativas ya que dichas obligaciones van acompañadas de un régimen sancionador disuasorio.

Llegados a este punto, posiblemente estará ya convencido de la necesidad de informar y deseoso de cumplir con su obligación informativa y, como persona diligente que es, usted pensará que con un formulario para todas las obligaciones informativas basta. Nada más lejos de la realidad: cada organismo le va a pedir la información de distinta forma.

Llegado el caso habrá de analizarse qué bienes hay que declarar y su valor a 31 de diciembre con el fin de determinar si pueden quedar usted o su empresa exonerados de dicha obligación. No obstante, a continuación relaciono las declaraciones que hay que tener en cuenta con algún comentario sobre la complejidad que entraña cada modelo:

1.-Modelo 720 – Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Agencia Tributaria – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas): Para no ser repetitivos y correr el riesgo de que me dejen de leer, les recomiendo mi post monográfico sobre este modelo ya que la información a detallar y las consecuencias de equivocarse dan para argumento de una novela de Stephen King.

La dificultad de este impreso radica en el grado de detalle y en cómo las entidades bancarias o gestores de fondos extranjeros envían la información. Ellos emiten sus informes como siempre lo han hecho y, claro, no van a cambiar ellos su sistema informático porque usted necesite rellenar formularios curiosos, así que esta declaración se ha convertido en un “yo se lo listo todo y busque usted la información que necesite”. Un trabajo de artesanía pura.

2.-Modelo D6 – Declaración de Titulares de Inversión Española en el Exterior en Valores Negociables (Ministerio de Economía y Competitividad): Para no ser menos que la Agencia Tributaria, este Ministerio nos pide información muy similar a la anterior pero en otro formulario. Al menos en esta declaración no hay que incluir cuentas bancarias ni inmuebles, “sólo” fondos de inversión, acciones y demás valores.

Lo curioso de este modelo es que se solicita información adicional a la informada en el modelo anterior (mod.720) por lo que en muchos casos hay que solicitar al banco o gestor de los fondos que emitan distintos informes sobre similar información. Y claro, la cara que nos ponen los brokers y bancarios extranjeros es un poema. En este caso encaja perfectamente lo de “Spain is different”.

3.-Modelo ETE – Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior Declaración (Banco de España): Sí, lo han leído bien. Esta declaración con nombre de película de Spielberg viene a sustituir los modelos vigentes a 31.12.2013 que eran confeccionados hasta esa fecha por los bancos. Ahora, dicha obligación informativa se ha traspasado al titular del activo / pasivo financiero, es decir: usted.

Si usted tiene la suerte de poder realizar esta declaración con el modelo resumido, no es una labor tan artesanal como las anteriores. En este caso, la dificultad radica en su modo de presentación: se obliga al propio titular a presentarlo telemáticamente a través de su propio certificado digital o DNI electrónico. Para algunas cosas somos muy modernos, ya ven.

 

En resumen, hay que internacionalizarse, declarar los bienes en el extranjero y sus rendimientos y por eso el Gobierno facilita esa labor imponiendo arduas labores de información so pena de un régimen sancionador inexorable.

Sufrido contribuyente, le digo yo que #SíSePuede.

Modelo 720. Declaración tributaria sobre bienes y derechos en el extranjero

Por segundo año, nos encontramos con la obligación de presentar el polémico modelo 720.

Si bien la información a detallar en dicha declaración es laboriosa y se exige un detalle digno de artesanía, lo más destacable en este caso es el régimen sancionador en caso de incumplimiento de la obligación informativa así como las consecuencias en la prescripción de los bienes no declarados o declarados incorrectamente.

¿Qué es el modelo 720?

La declaración en cuestión tiene carácter de informativo ya que en ella debe detallarse información sobre bienes y derechos de contenido económico ubicados o gestionados en el extranjero del obligado tributario.

Aunque no se sea titular de los bienes, si existe algún poder de disposición sobre los mismos, ello es condición suficiente para tener que incluirlos en dicha declaración. Así, estarían obligadas a declarar aquellas personas que tuvieran condición de representantes, apoderados o beneficiarios de dichos bienes o derechos.

Si bien se establecen unas excepciones que más adelante se detallarán, están obligadas a declarar las personas físicas o entidades residentes en el Estado Español.

Contenido de la declaración

Los bienes y derechos a declarar se agrupan en tres bloques:

1. Cuentas corrientes y depósitos abiertos en entidades bancarias ubicadas en el extranjero.

2. Valores representativos de la participación en cualquier tipo de entidad, derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios, seguros en los que sea tomador y rentas, temporales o vitalicias. Siempre que se haya depositado, gestionado u obtenido en el extranjero. Dentro de este grupo, también se incluyen los valores aportados para la administración o gestión a cualquier instrumento jurídico (fideicomisos o “trust”) y las aportaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero.

3. Bienes inmuebles ubicados en el extranjero, así como derechos constituidos sobre ellos.

Ahora bien, cuando se cumplen determinados requisitos, el obligado tributario queda liberado de la obligación de declarar:

  • Cuando no se superen los 50.000 € de valor para cada conjunto de bienes indicados en los apartados 1, 2 y 3.
  • Aquellos que se encuentren registrados en la contabilidad del titular debidamente identificados e individualizados (el caso de sociedades y profesionales que lleven registro contable de sus operaciones). En estos casos no hay obligación de declarar para el titular pero no se exime de declaración a los responsables o apoderados.

Forma y plazo de presentación

La declaración debe presentarse de forma telemática, no existiendo la posibilidad de su presentación física en papel, lo cual es una dificultad añadida para los particulares.

En cuanto a su periodicidad, la declaración tiene carácter de anual y el plazo para la presentación del modelo 720 es durante los tres meses siguientes a la finalización del período al que se refiere la declaración, es decir, para la declaración correspondiente al ejercicio 2013, el plazo finaliza el 31 de marzo de 2014.

Consecuencias de la falta de presentación de la declaración. Régimen sancionador:

Constituye infracción tributaria grave (las infracciones se consideran leves, graves o muy graves):

  • No presentar en plazo la declaración
  • Presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la declaración
  • La presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos

Las anteriores infracciones serán sancionadas respecto a cada uno de los tres bloques de información (en resumen: cuentas bancarias / valores / inmuebles) de forma independiente de acuerdo a las siguientes reglas:

  • Incumplimiento de la obligación de informar: la sanción consiste en multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien o derecho que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
  • Presentaciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración o presentada por medios distintos a los electrónicos: la sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien, con un mínimo de 1.500 euros.

Si llegados a este punto las sanciones parecen importantes, tome asiento: Adicionalmente a las sanciones descritas anteriormente, las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de esta obligación de información.

Así, se ha establecido:

  • En el ámbito del IRPF (artículo 39.2 de la LIRPF): la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, tiene en todo caso la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas integrándose en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización
  • En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades (artículo 134.6 TRLIS): los referidos bienes y derechos se considerarán renta no declarada y se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización.

(Nótese aquí que, en ambos casos, al practicar la regularización en el último ejercicio no prescrito, ello acarrea el cálculo de intereses desde ese “último ejercicio no prescrito”)

  • Por último, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la LIRPF y en el artículo 134.6 del TRLIS, determina la comisión de infracción tributaria, que tiene la consideración de muy grave y que se sanciona con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción, base que es la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados. De modo que, si de la regularización practicada por la Administración resultase una cuota, pongamos, de 100.000 euros, la sanción ascendería a 150.000€.

En resumen, el incumplimiento o la omisión de declaración de los bienes y derechos no prescribe nunca y a ello se suma la contingencia de las cuotas derivadas de la regularización realizada por la Administración, el régimen sancionador y los intereses.

Si realiza usted un cálculo por encima verá que la contingencia supera en mucho el valor del bien. El mensaje de la Administración Tributaria está claro.