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Cómo robar de forma legal

Se ha hablado mucho del “céntimo sanitario” pero llegados a este momento de la discusión, creo conveniente hacer unas consideraciones sobre cómo ha actuado nuestro Gobierno en esta cuestión.

Para situarnos, hay que aclarar que se trata de un impuesto sobre hidrocarburos creado por la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos) que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Se ha denominado “céntimo sanitario” porque su recaudación sirvió para sufragar los gastos de la sanidad pública, un gasto presupuestado que afectaba a las autonomías. Este detalle de su finalidad es el que genera, precisamente, la controversia de este impuesto.

A nivel de recaudación, su funcionamiento ha sido similar al del IVA, es decir, el consumidor final paga el impuesto y quien lo repercute y lo ingresa a hacienda (el sujeto pasivo), es el suministrador del combustible, es decir, las gasolineras.

A partir de aquí, les voy a narrar la crónica de un robo anunciado.

El mismo año en el que se publica la Ley (2001), la Comisión Europea dictaminó que este impuesto podría ser incompatible con el derecho comunitario. Aún así, el Gobierno de turno siguió adelante con el despliegue de los efectos del impuesto con la “inestimable” colaboración de la mayoría de las CCAA.

Ante la actitud de nuestras autoridades de hacer oídos sordos a las advertencias de la Comisión, ésta inició un procedimiento de incumplimiento contra España en 2003 que acabó en 2008 – 5 años después de empezar su procedimiento y 6 después de la entrada en vigor del citado tributo – con un dictamen motivado en el que denunciaba que este impuesto contravenía los requisitos establecidos en la Directiva 92/12/CEE. Hasta aquí, destaco por un lado la “celeridad” en concluir de la Comisión y por otro, lo obvio de su conclusión que ya se anticipaba en su dictamen de 2001.

En paralelo, puesto que la implantación de este tributo fue controvertida y algunos grandes consumidores – mayoritariamente del sector transporte – ya tenían procedimientos abiertos, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que decidió que la cuestión merecía el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que escaló la discusión a nivel comunitario.

Finalmente, el TJUE dictó sentencia en fecha 27 de febrero de 2014 declarando que este impuesto resulta contrario al derecho comunitario. Esta sentencia ha sido calificada de “dura” ya que es un tirón de orejas al legislador español por cuanto éste ya estaba advertido desde el mismo año 2001. La consecuencia jurídica inmediata de esta sentencia es la anulación del impuesto, es decir, este impuesto no ha existido. En consecuencia, el Estado debe devolver los importes percibidos improcedentemente por este concepto y durante la vigencia del mismo.

Con posterioridad a esta sentencia, el Gobierno español hizo algunas actuaciones encaminadas a reducir la cuantía de devolución de este tributo, cuestión que fue atendida pero que, por presiones, finalmente ha retirado. De modo, que a día de hoy y con la sentencia en mano, cualquier persona o entidad puede solicitar al Estado español la devolución de este tributo.

Ahora bien, si usted quiere recuperar todo lo pagado indebidamente, tenga en cuenta que es más fácil que le toque el Euromillones y que, en el caso que reclame usted algún importe, considere antes lo que le va a costar recuperarlo – tiempo y dinero – vaya a ser que, como decimos en mi pueblo, le cueste más “la salsa que els cargols”.

Hacienda ha establecido un procedimiento específico que se puede consultar por internet, con las siguientes pegas: i) hay que presentar un impreso por cada compañía suministradora, de forma que si tenemos facturas de combustible de varias empresas, debe cumplimentarse un impreso por cada CIF, ii) se puede solicitar devolución sólo de los ejercicios no prescritos (2010-2011-2012), iii) la presentación debe realizarse mediante Certificado Digital y iv) hay que aportar todas las facturas donde se detalle el impuesto repercutido que se solicita en la devolución.

En paralelo a este procedimiento especial, sigue existiendo el procedimiento habitual para estas cuestiones de “devolución de ingresos indebidos”, válido sólo para los ejercicios no prescritos.

Pero ¿qué pasa con los ejercicios 2002 a 2009 prescritos? En este caso, la vía es más compleja ya que existe la posibilidad de promover un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que es abrir una vía incierta.

Para acabar, una idea: imaginen lo que se ha recaudado con este tributo durante los diez años que estuvo vigente, valoren los contribuyentes que van a solicitar su devolución y los costes en los que van a incurrir para conseguir recuperar algo. Añadan a este cóctel que el Gobierno español ya podía intuir el final del camino en 2001, cuando aprobó la ley con las advertencias de la Comisión.

Uno se plantea si se obró de buena fe o se trata de una cuestión de negligencia. En ambos casos habría que reclamar algún tipo de responsabilidad ya que el gran perjudicado ha sido el ciudadano de a pie, lo que tampoco es una novedad.