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“Llista Falciani”: se abre la caja de los truenos – Programa .CAT de TV3 (Televisió de Catalunya)

Debate en el .CAT programa de televisión de TV3 (Televisió de Catalunya) conducido por Ariadna Oltra. ¿Por qué se ha publicado ahora la lista Falciani? La lucha contra el fraude fiscal y por qué no se quieren pagar impuestos.

El jueves 12 de febrero tuve el placer de participar en el programa junto a Josep Maria Lluís de Odrizola, Jefe del Equipo Nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal UB; Miquel Puig, Doctor en Economia UB, y Raül Romeva, ex-eurodiputado, Doctor en Relaciones Internacionales para la UAB y licenciado en Ciencias Económicas.

 

¿Operar con sociedades para pagar menos impuestos?

Mucho se ha hablado de la sociedad del Sr. Monedero o de las sociedades de artistas y personajes mediáticos como Latre, Wyoming o Sabina y de si los servicios profesionales que prestaron se debían facturar personalmente o es correcto realizarlo a través de una sociedad mercantil cuando ésta carece de empleados, no paga alquiler o no tiene un local afecto a su actividad y, en muchos casos, quien presta el servicio es la persona que es Administrador y que, a su vez, es poseedora del 100 por 100 del capital.

El código de comercio y las normas mercantiles no dicen nada al respecto y la verdad es que los motivos por los que se puede crear una sociedad son múltiples y variados: desde dar publicidad a las cuentas de la actividad a través del Registro Mercantil, mayor accesibilidad al crédito, imagen (en el sector en el que se opera puede quedar “raro” operar personalmente), para limitar la responsabilidad (en una mercantil se limita la responsabilidad, salvo gestión fraudulenta, al capital mientras que operar como empresario individual supone responder con todo el patrimonio actual y futuro), etc.

Hasta aquí lo que es una cuestión de economía de opción, pero ¿qué ocurre a nivel tributario? Tal como está la normativa fiscal en la actualidad, las sociedades mercantiles y las actividades profesionales calculan el rendimiento (base imponible) de forma más o menos parecida pero donde existe el mayor “gap” entre las dos tributaciones radica en los tipos impositivos. Y aquí es donde la economía de opción – entendido como el ofrecimiento explícito por el ordenamiento de fórmulas jurídicas igualmente válidas – y el fraude de ley – acto o negocio jurídico basado en una norma para alcanzar un objetivo que no es propio de esa norma y contrario a otra (norma defraudada) – se confunden.

El problema de raíz estriba en que una actividad ejercida de forma directa, es decir, como persona física, tributa a los tipos establecidos en el IRPF, que actualmente son tramos progresivos de acuerdo a una escala que varía según la Comunidad Autónoma en la que se tribute. En el caso de Cataluña dicha escala va desde el 21,56 % al 46 % mientras que en el caso de las sociedades, éstas tributan, en cumplimiento de determinados requisitos a los tramos 15 % – 20 % o 25 % – 28 % aplicando el primer tramo en ambos casos a los primeros 300.000 euros de base imponible. En consecuencia, la sociedad paga la mitad o menos de lo que paga un profesional. ¿Tiene alguna lógica?

Vista esta diferencia y sabiendo cómo toma las decisiones el ser humano, existían en nuestra legislación unos regímenes especiales que hacían irrelevante ejercer determinadas actividades de forma directa o a través de una sociedad. Estos regímenes especiales eran los de transparencia fiscal y de sociedades patrimoniales. Dichos regímenes equiparaban la tributación de determinadas actividades, se ejerciesen éstas a través de una sociedad o de forma personal.

Así, las sociedades de prestación de servicios profesionales tales como abogados, asesores, arquitectos o médicos, tributaban igual por las actividades declaradas que si los profesionales las realizasen de forma directa. El resultado era que se constituían sociedades por los motivos que se considerasen oportunos más allá de las consecuencias tributarias. Lo mismo ocurría con sociedades de artistas o con las patrimoniales (de gestión de patrimonios). Las sociedades de artistas, profesionales y patrimoniales, existían y la situación era pacífica.

Entonces, si ya existía algo que funcionaba ¿qué ha ocurrido para que se haya creado esta sensación de presunción de fraude cuando encontramos una sociedad que cumpliría los requisitos para estar incluida en uno de estos regímenes especiales? La respuesta es fácil por obvia: el legislador suprimió estos regímenes especiales.

La transparencia en las sociedades profesionales y de artistas se derogó con efectos 1 de enero de 2003 por la  ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Ministro en aquel momento era Rodrigo Rato (PP).

En cuanto al régimen de las patrimoniales, se derogó con la Ley 35/2006 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con efectos 1 de enero de 2007. En este caso, el Ministro fue Pedro Solbes (PSOE).

Ni que decir tiene que la Inspección de tributos ha puesto énfasis en este asunto y que las sociedades de profesionales forman parte de cualquier Plan de Prevención del Fraude o Plan de Inspección que se precie desde entonces. Esto también crea inseguridad jurídica.

Planificar los impuestos no es de ricos

En nuestra cultura suele asociarse planificación fiscal a algo negativo, cuando en realidad, lo más habitual es que cualquier cosa se planifique. Cualquier decisión en nuestra vida aconseja un mínimo de planificación que consiste en evaluar opciones y elegir la que más se alinee con nuestros intereses.

En el caso de los impuestos, aunque sabemos que, con una alta probabilidad, muchas decisiones que tomemos tienen consecuencias tributarias, poca gente incorpora ese coste en las opciones valoradas a la hora de tomar decisiones y es entonces cuando se pierden opciones. Ejemplos sencillos que aconsejan tener en cuenta el coste tributario son, p.e., cambiar de vivienda, decidir qué hacer con un dinero ahorrado (cuenta corriente, fondo de inversión, amortización de hipoteca….), hacer una donación antes de final de año o no, etc.

Ni la planificación fiscal es negativa ni es exclusiva de grandes fortunas. Como un eminente bufete anglosajón anunciaba en su web, “you can save a lot of money on your taxes if you follow some steps”.

Por ello os hago unas recomendaciones que conviene tener presentes antes de que acabe el año. Planificar vuestro IRPF hoy tendrá consecuencias en la declaración que liquidéis en mayo o junio de 2015.

  • Deducción por adquisición de vivienda habitual: la base de la deducción por contribuyente es de 9.040€ anuales. Si la suma de los recibos pagados en 2014 no llega a esa cuantía, es aconsejable amortizar hipoteca antes de que acabe el año. Sobre el importe pagado (capital e intereses) se aplica una deducción del 15%, por lo que ninguna cuenta de ahorro puede competir con esa rentabilidad y además, se reduce vuestro endeudamiento.
  •  Aportaciones a Planes de Pensiones: la normativa tributaria intenta incentivar este tipo de ahorro, por lo que si tenéis pensado realizar aportaciones, conviene que las hagáis antes de 31.12 teniendo en cuenta los límites deducibles que establece la normativa. Por encima de dichos límites, no existe deducción, lo que no evita que se pueda aportar tanto como uno estime necesario. A continuación, los límites establecidos:

– El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio (50% para contribuyentes mayores de 50 años).

               ó

– 10.000 euros anuales (12.500 para contribuyentes mayores de 50 años).

  • Ganancias patrimoniales a más de una año: si habéis suscrito un fondo de inversión o habéis comprado bienes (acciones, inmuebles…) que vendéis antes de que hayan transcurrido 12 meses, el rendimiento se integra en la Base Imponible General, lo que obliga a ir a los tipos progresivos del IRPF vigente en 2014 (el mínimo es del 24,75%, el máximo en algunas CCAA es del 56%). Si se puede, es mejor esperar a 1 de enero ya que, con la reforma fiscal aprobada en noviembre, estas ganancias se vuelven a integrar en la Base del Ahorro, siendo tipos a aplicar en 2015 los que detallo:

  • Donativos: la normativa fiscal establece una deducción en el IRPF del 30% o del 10% de las cantidades donadas en función de las condiciones que cumpla la entidad beneficiaria. De modo que si tiene usted previsto realizar alguna donación, tenga en cuenta que si lo hace antes de 31.12 la podrá descontar de su factura tributaria de mayo / junio.

Así pues, les recomiendo que antes de que acabe el año tomen decisiones y piensen un poco en sus impuestos. Su bolsillo lo agradecerá.

Me voy a Madrid para pagar menos impuestos

El fallecimiento de la Duquesa de Alba ha hecho que más de uno se pregunte cómo puede ser que, siendo público y notorio que esa persona vivía en Sevilla, su sucesión tribute en Madrid. Y es que, en Madrid, este impuesto está muy bonificado si se compara con Andalucía.

Si bien en los anteriores posts analicé los criterios de nuestra Administración Tributaria para determinar la residencia de un contribuyente del IRPF y los elementos de atracción a territorio nacional, tanto si uno es persona física no residente como si es una sociedad, en éste, analizaré los criterios que nuestra normativa establece a la hora de determinar la residencia del contribuyente – persona física – dentro del territorio español.

Para determinar la residencia fiscal de una persona dentro del territorio nacional, hay que consultar la Ley General Tributaria (LGT).

De entrada, la LGT define el domicilio fiscal de las personas físicas como “el lugar donde tengan su residencia habitual”. Una mente ágil pensará, “pues fijo mi domicilio en Madrid, lo comunico (condición indispensable y obligatoria se tenga actividad económica o no y sancionable en caso de omisión de dicha obligación) y rebajo mi factura tributaria”. Pues no es tan sencillo.

Lógicamente, uno puede decidir trasladarse a Madrid – para seguir con el ejemplo paradigmático – pero la misma Ley establece que “para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, es decir, si uno vive en Madrid pero su empresa o su actividad económica se desarrolla principalmente en Valencia, su domicilio fiscal quedará fijado en esa Comunidad.

Adicionalmente, la LGT establece que si no pudiera establecerse de forma clara el lugar de la “gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, por ejemplo, porque hay varios focos de actividad económica desarrollada en distintas CCAA, prevalecerá el domicilio donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas, es decir, deberá valorarse los activos de cada territorio y ordenarlos de modo que, el mayor atraerá la residencia del contribuyente.

En el caso mediático de la Duquesa, cabe suponer que la dirección de la actividad de su Fundación determina su residencia en Madrid, con independencia que pasara más tiempo en su palacio de Sevilla que en cualquier otra de sus viviendas.

Fijar la residencia condiciona el pago de los impuestos ya que cada autonomía tiene competencias sobre IRPF (parciales) y en especial, para el caso citado, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ya que la sucesión tributa en sede del causante, es decir, del que fallece.

Añado que la norma establece que “cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente” por lo que el día que las autonomías despierten y empiecen a comprobar la residencia de los contribuyentes pueden saltar las costuras de más de uno. Ni es tarea fácil ni las personas de a pie suelen tener previstas las consecuencias tributarias de esas cuestiones “residenciales”.

Así pues, les recomiendo que si cambian de domicilio dentro del territorio, determinen correctamente su residencia ya que ello tiene implicaciones en sus impuestos personales y en los de sus sucesores.

¿Dónde pagan las empresas sus impuestos?

Mucho se habla de lo pernicioso de la globalización para la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y de lo “malo” que resulta para la recaudación cuando las empresas multinacionales aprovechan la existencia de distintas soberanías fiscales: lo que algunos definen como “optimización fiscal” y otros califican de “defraudación” a la Hacienda Pública.

Si en el anterior post  traté sobre las formas de atraer hacia España la tributación de las personas físicas, en éste daré repaso a los mismos criterios pero aplicados a las empresas. Verán que todo está muy claro y que, como casi siempre, los malos resultados en la recaudación se explican más por la incapacidad e ineficiencia de nuestro sistema tributario que por el hecho de que las compañías se dediquen a defraudar de forma generalizada. Sobre esta cuestión es interesante recordar lo que establece la Navaja de Okcham: la explicación sencilla es la más probable.

Para empezar, diré que la regulación establece que deben pagar sus impuestos en España aquellas empresas con residencia en territorio español. No obstante, se entiende que puede haber supuestos en los que la compañía no esté establecida en territorio español pero obtenga rentas que deban tributar, lo que lleva a la determinación de elementos objetivos de atracción de la tributación de las operaciones de la compañía – totales o en parte – a España.

Para determinar esos elementos de atracción, hay que ir a la normativa del Impuesto sobre Sociedades (IS) y la de no residentes (Impuesto de la Renta de No Residentes – IRNR y Convenios para evitar la Doble Imposición – CDI, si los hubiera).

Así, con base en nuestro Impuesto sobre Sociedades, se establece que se consideran empresas con residencia en territorio español y por consiguiente, deberán tributar por sus rentas mundiales en España:

  •  Las que tengan su domicilio social en España (viene fijado en estatutos).
  • Las que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español de modo que, si tenemos una sociedad con domicilio en Andorra pero sus actividades se dirigen desde España, la tributación de la compañía se atrae donde resida su sede de dirección, es decir, España. Sobre esta cuestión, la norma se extiende especialmente en los casos en los que el país donde radica la compañía tiene consideración de paraíso fiscal, porque como ustedes ya saben por mi post sobre paraísos fiscales, nuestra normativa es muy restrictiva a este respecto.

Aparte de estos dos supuestos, la normativa de no residentes establece situaciones en las que las empresas sin residencia en España deberán tributar en este territorio por las rentas generadas en él, por lo que una compañía no establecida que genere beneficios por sus operaciones en España, debe dejar en este territorio “parte del pastel”. Para determinar la parte de ese “pastel”, debe establecerse si la compañía opera mediante un Establecimiento Permanente (EP) o sin él. Lo primero requiere obligaciones contables y liquidación del Impuesto similar al IS pero con restricciones y lo segundo supone una tributación por cada operación. No se trata de algo a la carta sino que debemos remitirnos a la norma para saber en qué caso se encuentra la empresa.

Sin extenderme en exceso so pena de aburrirles, se considera EP y por tanto deben tributar en España con independencia de su domicilio:

  • Las sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, almacenes, tiendas u otros establecimientos.
  • Las minas, pozos de petróleo o de gas y canteras.
  • Las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias.
  • Cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales.
  • Las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses.

Cuando no concurren las causas referidas que obligarían a constituir un EP pero la empresa no establecida realiza, p.e. alguna operación de prestación de servicios, reaseguros o enajenación de bienes corporales en España, también debe tributar aquí pero se simplifica la cuestión ya que se grava cada operación, de modo que el pagador residente en España retiene una cantidad y la ingresa en la Agencia Tributaria.

En estos casos, la Ley General Tributaria establece la responsabilidad solidaria del pagador, con lo que el posible incumplimiento del no-residente le acarrea contingencias fiscales al empresario residente que contrata. El típico ejemplo sería el de un empresario español que contrata servicios a un no-residente. En este caso, a la hora de pagar, debería informarle de que le retiene una parte en concepto de IRNR que el extranjero podrá deducirse (o no) cuando pague los impuestos en su país de residencia. Si no lo hace así, Hacienda le podrá reclamar al empresario español el importe no retenido ni ingresado en plazo en los siguientes cuatro años, más sanción e intereses que puedan derivar de dicho incumplimiento.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los CDIs que pudieran aplicarse y que acostumbran a suavizar la tributación del no-residente.

Por lo visto hasta aquí podemos constatar que nuestra normativa ya establece formas de tributación para las compañías extranjeras, por lo que sorprende la queja constante de las autoridades tributarias en relación con el “escapismo” de las compañías a la hora de liquidar su factura impositiva. El problema puesto de manifiesto por las autoridades fiscales se fundamenta en dos hechos:

  1. En primer lugar, no todas las empresas determinan correctamente el establecimiento permanente y ello es difícil – que no imposible – de controlar por la inspección tributaria ya que si no declaran el EP, la Inspección no lo tiene “en el sistema”, debe “buscar” e investigar más allá de las paredes de sus despachos y claro, eso tiene sus complicaciones.
  1. En segundo lugar, los gastos que deducen los EP y cualquier filial establecida – en concepto de precios de transferencia y otros pagos efectuados a la matriz – no siempre están bien determinados y no es extraño que el margen declarado en España sea menor del que pudiese corresponder ya que hay una tendencia a repatriar lo máximo hacia la matriz. Este último extremo requeriría una normativa clara en precios de transferencia (la tenemos pero es mejorable), su armonización a nivel mundial (la OCDE lo contempla) y “last but not least”: acuerdos de la Administración con las compañías para su correcta determinación, lo cual es muy difícil porque aunque se prevé en nuestro ordenamiento, nuestra Administración no es pactista.

En resumen, antes de señalar con el dedo otras jurisdicciones con sistemas tributarios legítimos más amables y criminalizar las prácticas tributarias de las compañías (a veces llevadas al extremo) sería conveniente analizar de forma crítica qué se hace a nivel de inspección y de establecimiento de precios de transferencia. A otros países les sale mejor.

Sobre los Paraísos Fiscales (2/2)

En el anterior post repasé las características que acostumbran a darse en los territorios que se califican como paraísos fiscales e introduje las listas de varios colores establecidas por la OCDE que se conocen como “lista gris” y “lista negra” que, por su tono, ya nos induce a pensar que estar en ellas no debe ser nada bueno.

Sin embargo, hay que saber que los paraísos fiscales son definidos por cada país de modo que, aunque las listas de la OCDE pueden orientar a la hora de saber qué países tienen sistemas tributarios “blandos” y sistemas de información “opacos”, se trata de una calificación unilateral de cada estado.

Así, si un residente de un país – individual o empresa – tiene que operar con el extranjero, es conveniente que antes de hacerlo consulte las listas de paraísos fiscales que su jurisdicción fiscal contempla, sobre todo si la jurisdicción es la española, ya que nuestra legislación se caracteriza por ser fuertemente “anti paraíso fiscal” en comparación con otros países de “nuestro entorno”.

En España, la lista de paraísos fiscales se detalla en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, el cual se aprobó para aclarar qué territorios debían considerarse paraísos fiscales ya que en 1990 y el mismo 1991 se dictaron normas en las que se limitaban, a nivel fiscal, las transacciones con esos países pero hasta la publicación del citado Real Decreto, no se sabía a qué se referían las normas dictadas cuando hablaban de “paraíso fiscal”.

Inicialmente, se enumeraron cuarenta y ocho territorios y la propia norma establecía que, para dejar de ser considerado paraíso fiscal, los países enumerados deberán firmar Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) con cláusula de intercambio de información o bien un Acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se estableciera que dejan de tener dicha consideración desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen. Pueden consultar los modelos de CDI, acuerdos de intercambio de información y demás asuntos relativos a la imposición internacional establecidos por la OCDE en este link: http://www.oecd.org/tax/

A día de hoy, la lista de paraísos fiscales en España se ha reducido a treinta y cuatro. Para consultar la lista actual, pueden consultar la página 56 del documento que enlazo

Como resumen de lo anterior, una idea debe quedar clara: las transacciones llevadas a cabo con paraísos fiscales no son ilegales ni están prohibidas pero para evitar problemas, son necesarias unas precauciones que hay que tener muy en cuenta cuando un residente fiscal español va a operar con estos territorios. A continuación, unas pinceladas de las “normas anti-paraíso” que tenemos en nuestro sistema tributario:

  • Se imponen estrictas obligaciones de información sobre los bienes radicados en esos territorios.
  • Si un residente español (persona física o jurídica) tiene una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal, debe aplicarse la llamada transparencia fiscal internacional por la que se imputan los beneficios de una sociedad directamente a sus partícipes. En consecuencia, las rentas generadas en el paraíso fiscal tributarían en España.
  • El residente español que desplaza su domicilio habitual a un paraíso fiscal queda obligado a mantener su condición de contribuyente del IRPF en el año del cambio de residencia y los cuatro siguientes, lo cual implica tributar en España por sus rendimientos mundiales mucho después de perder la residencia española.
  • Se establece un gravamen especial del 3% a aquellas entidades radicadas en paraísos fiscales con bienes inmuebles ubicados en España.
  • Queda limitada la deducción de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades o del IRPF que se reciben de entidades radicadas en esos territorios calificados como paraíso fiscal.

Con independencia de lo poco estético que resulta tener tratos con paraísos fiscales, habrán observado que se puede operar con estos territorios a pesar de que nuestra legislación desincentiva la transacción directa con ellos.

A decir verdad, España es pionera en la lucha contra los paraísos fiscales por lo que, realmente, quien los utiliza sabe exactamente donde se mete.

Sobre los Paraísos Fiscales (1/2)

Está de moda hablar de paraísos fiscales pero sobre todo, está de moda criminalizarlos. Dejando de lado la estética de tener intereses económicos en esos países, hay que saber que operar con un paraíso fiscal no está prohibido.

Permítanme unas pinceladas sobre lo que se entiende por paraíso fiscal:

Para empezar, un paraíso fiscal es algo que ha definido la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organización que está formada por 34 países de los casi 200 que existen en nuestro planeta. Pueden consultar la lista este el link en el que podrán observar que Luxemburgo y Suiza son miembros de la citada Organización, dato que considero curioso en el asunto que nos atañe: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/

Aunque no hay un manual que ayude a definir qué es un paraíso fiscal, sí se conocen algunas características, a saber:

  1. Si los tienen, acostumbran a tener sistemas tributarios especialmente favorables para los no residentes, lo cual es una forma de atraer capitales extranjeros ya que en los países OCDE suele ser al contrario – de ahí lo importante de tener acuerdos bilaterales para suavizar esta tributación mediante los Convenios para evitar a Doble Imposición (CDIs).
  2. Suelen tener leyes de secreto bancario y de protección de datos personales.
  3. No tienen normas internas ni acuerdos bilaterales que permitan el intercambio de información con otros países.

Por todo lo anterior, podemos concluir que los paraísos fiscales se caracterizan por tener un sistema tributario “blando” especialmente con los no residentes en comparación con los países de la OCDE así como por su opacidad.

Llegados a este punto, podríamos analizar, de los 200 países que existen actualmente en el mundo, cuáles cumplen o incumplen estos requisitos y podría salir una lista larguísima. A la OCDE le salieron, en el año 2000, cuarenta países que colocó en su “lista negra” pero pronto (en 2012) los dejó en 2: Nauru y Niue (Nueva Zelanda). Ni que decir tiene que Nueva Zelanda forma pare de la OCDE (OMG!).

Desde 2000 y hasta 2012, la mayoría de los países de la “lista negra” pasaron a una “lista gris” ya que éstos se comprometieron a “mejorar la transparencia e intercambio de información”. Ese compromiso y un brindis al sol era lo mismo por lo que, para abandonar la lista gris, la OCDE exigió un mínimo de 12 convenios de intercambio de información firmados – ojo, firmados no significa vigentes, pues suele ocurrir que se firmen un año para empezar a aplicarse con posterioridad, transcurridos unos meses – y de los 12 países con los que el paraíso fiscal suscriba los convenios, debe haber algunos “de calidad”, es decir, no se acepta que los países de la lista gris firmen convenios sólo entre sí. Asimismo, los convenios firmados deben hacerse efectivos, es decir, deben aplicarse en su extensión.

La realidad es que se pone mucho énfasis en los paraísos fiscales pero:

  1. Países con cláusulas de información en sus convenios hay muchos pero que las apliquen hay menos, es decir, con territorios no considerados paraísos fiscales no se intercambia información a pesar de tenerlo acordado, por lo que la opacidad persiste.
  2. Muchos territorios pertenecientes a la OCDE tienen tratos fiscales “blandos” para atraer a no residentes. Sin ir más lejos, España tiene la archifamosa “Ley Beckham” que establece una tributación especial para los no residentes que fijen su domicilio habitual en España. Dicho régimen resulta mucho más favorable que la que correspondería, en idénticas condiciones económicas, a un residente español. Sobre esta Ley, se puede consultar mi post donde trato sobre ella.

En mi opinión, el criterio OCDE para elaborar listas sorprende.

En el próximo post, trataré sobre la política de España en relación con esta cuestión.

 

“Defraudats pel frau fiscal” – Programa .CAT de TV3 (Televisió de Catalunya)

El 19 de junio intervine en el debate sobre el fraude fiscal en el programa “.CAT”, en el que Ariadna Oltra entrevistó a Raúl Burillo, inspector de Hacienda y exdelegado especial de Hacienda en las Baleares, que encabezó el equipo que descubrió, entre otros, el “caso Palma Arena” y el “caso Nóos”.

En el debate, estuvimos Joan Iglesias, asesor especial de la Agencia Tributaria de Cataluña; Miguel Ángel Mayo, coordinador del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA); Jordi de Juan, abogado especialista en contenciosos fiscales, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UB, y exportavoz de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso (2001-2003); Raül Romeva, doctor en Relaciones Internacionales, Xavier Sardà, periodista y una servidora.

El programa destaca este corte en el que debatimos sobre la polémica que envuelve a los paraísos fiscales: