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“Llista Falciani”: se abre la caja de los truenos – Programa .CAT de TV3 (Televisió de Catalunya)

Debate en el .CAT programa de televisión de TV3 (Televisió de Catalunya) conducido por Ariadna Oltra. ¿Por qué se ha publicado ahora la lista Falciani? La lucha contra el fraude fiscal y por qué no se quieren pagar impuestos.

El jueves 12 de febrero tuve el placer de participar en el programa junto a Josep Maria Lluís de Odrizola, Jefe del Equipo Nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal UB; Miquel Puig, Doctor en Economia UB, y Raül Romeva, ex-eurodiputado, Doctor en Relaciones Internacionales para la UAB y licenciado en Ciencias Económicas.

 

¿Operar con sociedades para pagar menos impuestos?

Mucho se ha hablado de la sociedad del Sr. Monedero o de las sociedades de artistas y personajes mediáticos como Latre, Wyoming o Sabina y de si los servicios profesionales que prestaron se debían facturar personalmente o es correcto realizarlo a través de una sociedad mercantil cuando ésta carece de empleados, no paga alquiler o no tiene un local afecto a su actividad y, en muchos casos, quien presta el servicio es la persona que es Administrador y que, a su vez, es poseedora del 100 por 100 del capital.

El código de comercio y las normas mercantiles no dicen nada al respecto y la verdad es que los motivos por los que se puede crear una sociedad son múltiples y variados: desde dar publicidad a las cuentas de la actividad a través del Registro Mercantil, mayor accesibilidad al crédito, imagen (en el sector en el que se opera puede quedar “raro” operar personalmente), para limitar la responsabilidad (en una mercantil se limita la responsabilidad, salvo gestión fraudulenta, al capital mientras que operar como empresario individual supone responder con todo el patrimonio actual y futuro), etc.

Hasta aquí lo que es una cuestión de economía de opción, pero ¿qué ocurre a nivel tributario? Tal como está la normativa fiscal en la actualidad, las sociedades mercantiles y las actividades profesionales calculan el rendimiento (base imponible) de forma más o menos parecida pero donde existe el mayor “gap” entre las dos tributaciones radica en los tipos impositivos. Y aquí es donde la economía de opción – entendido como el ofrecimiento explícito por el ordenamiento de fórmulas jurídicas igualmente válidas – y el fraude de ley – acto o negocio jurídico basado en una norma para alcanzar un objetivo que no es propio de esa norma y contrario a otra (norma defraudada) – se confunden.

El problema de raíz estriba en que una actividad ejercida de forma directa, es decir, como persona física, tributa a los tipos establecidos en el IRPF, que actualmente son tramos progresivos de acuerdo a una escala que varía según la Comunidad Autónoma en la que se tribute. En el caso de Cataluña dicha escala va desde el 21,56 % al 46 % mientras que en el caso de las sociedades, éstas tributan, en cumplimiento de determinados requisitos a los tramos 15 % – 20 % o 25 % – 28 % aplicando el primer tramo en ambos casos a los primeros 300.000 euros de base imponible. En consecuencia, la sociedad paga la mitad o menos de lo que paga un profesional. ¿Tiene alguna lógica?

Vista esta diferencia y sabiendo cómo toma las decisiones el ser humano, existían en nuestra legislación unos regímenes especiales que hacían irrelevante ejercer determinadas actividades de forma directa o a través de una sociedad. Estos regímenes especiales eran los de transparencia fiscal y de sociedades patrimoniales. Dichos regímenes equiparaban la tributación de determinadas actividades, se ejerciesen éstas a través de una sociedad o de forma personal.

Así, las sociedades de prestación de servicios profesionales tales como abogados, asesores, arquitectos o médicos, tributaban igual por las actividades declaradas que si los profesionales las realizasen de forma directa. El resultado era que se constituían sociedades por los motivos que se considerasen oportunos más allá de las consecuencias tributarias. Lo mismo ocurría con sociedades de artistas o con las patrimoniales (de gestión de patrimonios). Las sociedades de artistas, profesionales y patrimoniales, existían y la situación era pacífica.

Entonces, si ya existía algo que funcionaba ¿qué ha ocurrido para que se haya creado esta sensación de presunción de fraude cuando encontramos una sociedad que cumpliría los requisitos para estar incluida en uno de estos regímenes especiales? La respuesta es fácil por obvia: el legislador suprimió estos regímenes especiales.

La transparencia en las sociedades profesionales y de artistas se derogó con efectos 1 de enero de 2003 por la  ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Ministro en aquel momento era Rodrigo Rato (PP).

En cuanto al régimen de las patrimoniales, se derogó con la Ley 35/2006 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con efectos 1 de enero de 2007. En este caso, el Ministro fue Pedro Solbes (PSOE).

Ni que decir tiene que la Inspección de tributos ha puesto énfasis en este asunto y que las sociedades de profesionales forman parte de cualquier Plan de Prevención del Fraude o Plan de Inspección que se precie desde entonces. Esto también crea inseguridad jurídica.

Cómo robar de forma legal

Se ha hablado mucho del “céntimo sanitario” pero llegados a este momento de la discusión, creo conveniente hacer unas consideraciones sobre cómo ha actuado nuestro Gobierno en esta cuestión.

Para situarnos, hay que aclarar que se trata de un impuesto sobre hidrocarburos creado por la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos) que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Se ha denominado “céntimo sanitario” porque su recaudación sirvió para sufragar los gastos de la sanidad pública, un gasto presupuestado que afectaba a las autonomías. Este detalle de su finalidad es el que genera, precisamente, la controversia de este impuesto.

A nivel de recaudación, su funcionamiento ha sido similar al del IVA, es decir, el consumidor final paga el impuesto y quien lo repercute y lo ingresa a hacienda (el sujeto pasivo), es el suministrador del combustible, es decir, las gasolineras.

A partir de aquí, les voy a narrar la crónica de un robo anunciado.

El mismo año en el que se publica la Ley (2001), la Comisión Europea dictaminó que este impuesto podría ser incompatible con el derecho comunitario. Aún así, el Gobierno de turno siguió adelante con el despliegue de los efectos del impuesto con la “inestimable” colaboración de la mayoría de las CCAA.

Ante la actitud de nuestras autoridades de hacer oídos sordos a las advertencias de la Comisión, ésta inició un procedimiento de incumplimiento contra España en 2003 que acabó en 2008 – 5 años después de empezar su procedimiento y 6 después de la entrada en vigor del citado tributo – con un dictamen motivado en el que denunciaba que este impuesto contravenía los requisitos establecidos en la Directiva 92/12/CEE. Hasta aquí, destaco por un lado la “celeridad” en concluir de la Comisión y por otro, lo obvio de su conclusión que ya se anticipaba en su dictamen de 2001.

En paralelo, puesto que la implantación de este tributo fue controvertida y algunos grandes consumidores – mayoritariamente del sector transporte – ya tenían procedimientos abiertos, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que decidió que la cuestión merecía el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que escaló la discusión a nivel comunitario.

Finalmente, el TJUE dictó sentencia en fecha 27 de febrero de 2014 declarando que este impuesto resulta contrario al derecho comunitario. Esta sentencia ha sido calificada de “dura” ya que es un tirón de orejas al legislador español por cuanto éste ya estaba advertido desde el mismo año 2001. La consecuencia jurídica inmediata de esta sentencia es la anulación del impuesto, es decir, este impuesto no ha existido. En consecuencia, el Estado debe devolver los importes percibidos improcedentemente por este concepto y durante la vigencia del mismo.

Con posterioridad a esta sentencia, el Gobierno español hizo algunas actuaciones encaminadas a reducir la cuantía de devolución de este tributo, cuestión que fue atendida pero que, por presiones, finalmente ha retirado. De modo, que a día de hoy y con la sentencia en mano, cualquier persona o entidad puede solicitar al Estado español la devolución de este tributo.

Ahora bien, si usted quiere recuperar todo lo pagado indebidamente, tenga en cuenta que es más fácil que le toque el Euromillones y que, en el caso que reclame usted algún importe, considere antes lo que le va a costar recuperarlo – tiempo y dinero – vaya a ser que, como decimos en mi pueblo, le cueste más “la salsa que els cargols”.

Hacienda ha establecido un procedimiento específico que se puede consultar por internet, con las siguientes pegas: i) hay que presentar un impreso por cada compañía suministradora, de forma que si tenemos facturas de combustible de varias empresas, debe cumplimentarse un impreso por cada CIF, ii) se puede solicitar devolución sólo de los ejercicios no prescritos (2010-2011-2012), iii) la presentación debe realizarse mediante Certificado Digital y iv) hay que aportar todas las facturas donde se detalle el impuesto repercutido que se solicita en la devolución.

En paralelo a este procedimiento especial, sigue existiendo el procedimiento habitual para estas cuestiones de “devolución de ingresos indebidos”, válido sólo para los ejercicios no prescritos.

Pero ¿qué pasa con los ejercicios 2002 a 2009 prescritos? En este caso, la vía es más compleja ya que existe la posibilidad de promover un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que es abrir una vía incierta.

Para acabar, una idea: imaginen lo que se ha recaudado con este tributo durante los diez años que estuvo vigente, valoren los contribuyentes que van a solicitar su devolución y los costes en los que van a incurrir para conseguir recuperar algo. Añadan a este cóctel que el Gobierno español ya podía intuir el final del camino en 2001, cuando aprobó la ley con las advertencias de la Comisión.

Uno se plantea si se obró de buena fe o se trata de una cuestión de negligencia. En ambos casos habría que reclamar algún tipo de responsabilidad ya que el gran perjudicado ha sido el ciudadano de a pie, lo que tampoco es una novedad.

 

¿Qué es la inseguridad jurídica?

Muchas veces se habla de la inseguridad jurídica que existe en nuestro país y lo perjudicial que eso es para la actividad económica. Ejemplos básicos de esta inseguridad los encontramos en el día a día: que el estado sobrepase los plazos de pago a sus proveedores incumpliendo la Ley de morosidad que él mismo promulga o que los plazos de Hacienda para resolver (6 meses con carácter general) se rebasen de forma sistemática son un atropello sin paliativos.

Hoy les hago una retrospectiva de un impuesto cuya existencia es curiosa, si revisamos el modo como se ha implantado en nuestro sistema tributario: el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto en cuestión fue introducido por la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, estableciéndose con “carácter excepcional y transitorio” como un “Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas”.

Catorce años después, se pone fin a dicha transitoriedad con la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

El 23 de diciembre de 2008 se bonificó al 100 por 100 la cuota del impuesto mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. Junto a la bonificación se eximía de la obligación de declarar los bienes, por lo que se vendió esta medida como una supresión del Impuesto. Aunque fue una eliminación de facto, el modus operandi hizo que asesores fiscales y abogados en general desconfiáramos del carácter permanente de dicha “supresión”. No obstante, ello no evitó el efecto electoral de dicha medida ya que el contribuyente que tributaba por este impuesto vio una rebaja fiscal inmediata y un alivio de sus obligaciones tributarias dado la laboriosidad que implica la declaración del impuesto por su carácter censal, como ya comenté en un post anterior.

Con el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal se elimina la bonificación de modo que ese mismo 2011 se reactivó dicho impuesto con carácter temporal para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En consecuencia, sin ningún trámite legislativo, este 2015 se hubiese vuelto a la situación previa al RDL 13/2011, es decir, un Impuesto bonificado y sin obligación de presentar declaración.

Con la reforma tributaria tan comentada en 2014, se planteó inicialmente la supresión de este Impuesto. De hecho, la Comisión Lagares lo propuso en su informe. Pero en el anteproyecto de Ley no se mencionaba nada, de modo que se asumió que se prorrogaría de algún modo dicho impuesto.

Este “de algún modo” se tradujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (Ley 36/2014 de 26 diciembre) que modifica – atención – el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre prorrogando un año más este tributo.

No hay que olvidar que estamos hablando de un impuesto cedido a las CCAA, por lo que cualquier medida dirigida a modificar o suprimir este tributo debe consensuarse con los gobiernos autonómicos y pasa por una compensación económica con cargo a las arcas del estado.

Por último, al ser 2015 un año electoral, a nadie se le escapa que este Impuesto puede ser elemento de discusión, aunque con esta “moda” de legislar vía presupuestos generales del estado, tal vez el Gobierno en funciones se limite a prorrogar de nuevo esta medida, de hecho sería lo más razonable ya que un gobierno en funciones, al tener sus competencias limitadas, no podría realizar modificaciones legislativas sustanciales.

Esto se denomina inseguridad jurídica.