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“Llista Falciani”: se abre la caja de los truenos – Programa .CAT de TV3 (Televisió de Catalunya)

Debate en el .CAT programa de televisión de TV3 (Televisió de Catalunya) conducido por Ariadna Oltra. ¿Por qué se ha publicado ahora la lista Falciani? La lucha contra el fraude fiscal y por qué no se quieren pagar impuestos.

El jueves 12 de febrero tuve el placer de participar en el programa junto a Josep Maria Lluís de Odrizola, Jefe del Equipo Nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal UB; Miquel Puig, Doctor en Economia UB, y Raül Romeva, ex-eurodiputado, Doctor en Relaciones Internacionales para la UAB y licenciado en Ciencias Económicas.

 

¿Qué es la inseguridad jurídica?

Muchas veces se habla de la inseguridad jurídica que existe en nuestro país y lo perjudicial que eso es para la actividad económica. Ejemplos básicos de esta inseguridad los encontramos en el día a día: que el estado sobrepase los plazos de pago a sus proveedores incumpliendo la Ley de morosidad que él mismo promulga o que los plazos de Hacienda para resolver (6 meses con carácter general) se rebasen de forma sistemática son un atropello sin paliativos.

Hoy les hago una retrospectiva de un impuesto cuya existencia es curiosa, si revisamos el modo como se ha implantado en nuestro sistema tributario: el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto en cuestión fue introducido por la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, estableciéndose con “carácter excepcional y transitorio” como un “Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas”.

Catorce años después, se pone fin a dicha transitoriedad con la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

El 23 de diciembre de 2008 se bonificó al 100 por 100 la cuota del impuesto mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. Junto a la bonificación se eximía de la obligación de declarar los bienes, por lo que se vendió esta medida como una supresión del Impuesto. Aunque fue una eliminación de facto, el modus operandi hizo que asesores fiscales y abogados en general desconfiáramos del carácter permanente de dicha “supresión”. No obstante, ello no evitó el efecto electoral de dicha medida ya que el contribuyente que tributaba por este impuesto vio una rebaja fiscal inmediata y un alivio de sus obligaciones tributarias dado la laboriosidad que implica la declaración del impuesto por su carácter censal, como ya comenté en un post anterior.

Con el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal se elimina la bonificación de modo que ese mismo 2011 se reactivó dicho impuesto con carácter temporal para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En consecuencia, sin ningún trámite legislativo, este 2015 se hubiese vuelto a la situación previa al RDL 13/2011, es decir, un Impuesto bonificado y sin obligación de presentar declaración.

Con la reforma tributaria tan comentada en 2014, se planteó inicialmente la supresión de este Impuesto. De hecho, la Comisión Lagares lo propuso en su informe. Pero en el anteproyecto de Ley no se mencionaba nada, de modo que se asumió que se prorrogaría de algún modo dicho impuesto.

Este “de algún modo” se tradujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (Ley 36/2014 de 26 diciembre) que modifica – atención – el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre prorrogando un año más este tributo.

No hay que olvidar que estamos hablando de un impuesto cedido a las CCAA, por lo que cualquier medida dirigida a modificar o suprimir este tributo debe consensuarse con los gobiernos autonómicos y pasa por una compensación económica con cargo a las arcas del estado.

Por último, al ser 2015 un año electoral, a nadie se le escapa que este Impuesto puede ser elemento de discusión, aunque con esta “moda” de legislar vía presupuestos generales del estado, tal vez el Gobierno en funciones se limite a prorrogar de nuevo esta medida, de hecho sería lo más razonable ya que un gobierno en funciones, al tener sus competencias limitadas, no podría realizar modificaciones legislativas sustanciales.

Esto se denomina inseguridad jurídica.

Asistencia al Belgian-Luxembourg Business Forum 2014

Los días 11 y 12 de diciembre se celebró la edición del business forum de 2014 organizado por la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa en Barcelona, bajo el lema “Opportunities of doing business in Spain”.

Tuve el placer de ser una de las ponentes invitadas en dicho foro explicando, bajo una perspectiva fiscal, las principales cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de cambiarse de residencia fiscal o de plantearse una inversión en España, poniendo énfasis en los criterios de atracción de la tributación de nuestra normativa tributaria y el régimen especial de impatriados (Ley Beckham) aplicable desde 01/01/2015.

En la ponencia estuve acompañada de mis compañeros Eugenio Martínez y Biviana Vargas, abogados fiscalistas de IMB Grup y en la segunda jornada (B2B) conté con el apoyo de nuestra asociada Cristina Paloma, abogada especialista en Derecho Marítimo, Transporte y Logística.

Os dejo dicha presentación cuyo título es “Guidelines in personal taxation”.

Presentación Business Forum 2014

Me voy a Madrid para pagar menos impuestos

El fallecimiento de la Duquesa de Alba ha hecho que más de uno se pregunte cómo puede ser que, siendo público y notorio que esa persona vivía en Sevilla, su sucesión tribute en Madrid. Y es que, en Madrid, este impuesto está muy bonificado si se compara con Andalucía.

Si bien en los anteriores posts analicé los criterios de nuestra Administración Tributaria para determinar la residencia de un contribuyente del IRPF y los elementos de atracción a territorio nacional, tanto si uno es persona física no residente como si es una sociedad, en éste, analizaré los criterios que nuestra normativa establece a la hora de determinar la residencia del contribuyente – persona física – dentro del territorio español.

Para determinar la residencia fiscal de una persona dentro del territorio nacional, hay que consultar la Ley General Tributaria (LGT).

De entrada, la LGT define el domicilio fiscal de las personas físicas como “el lugar donde tengan su residencia habitual”. Una mente ágil pensará, “pues fijo mi domicilio en Madrid, lo comunico (condición indispensable y obligatoria se tenga actividad económica o no y sancionable en caso de omisión de dicha obligación) y rebajo mi factura tributaria”. Pues no es tan sencillo.

Lógicamente, uno puede decidir trasladarse a Madrid – para seguir con el ejemplo paradigmático – pero la misma Ley establece que “para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, es decir, si uno vive en Madrid pero su empresa o su actividad económica se desarrolla principalmente en Valencia, su domicilio fiscal quedará fijado en esa Comunidad.

Adicionalmente, la LGT establece que si no pudiera establecerse de forma clara el lugar de la “gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, por ejemplo, porque hay varios focos de actividad económica desarrollada en distintas CCAA, prevalecerá el domicilio donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas, es decir, deberá valorarse los activos de cada territorio y ordenarlos de modo que, el mayor atraerá la residencia del contribuyente.

En el caso mediático de la Duquesa, cabe suponer que la dirección de la actividad de su Fundación determina su residencia en Madrid, con independencia que pasara más tiempo en su palacio de Sevilla que en cualquier otra de sus viviendas.

Fijar la residencia condiciona el pago de los impuestos ya que cada autonomía tiene competencias sobre IRPF (parciales) y en especial, para el caso citado, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ya que la sucesión tributa en sede del causante, es decir, del que fallece.

Añado que la norma establece que “cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente” por lo que el día que las autonomías despierten y empiecen a comprobar la residencia de los contribuyentes pueden saltar las costuras de más de uno. Ni es tarea fácil ni las personas de a pie suelen tener previstas las consecuencias tributarias de esas cuestiones “residenciales”.

Así pues, les recomiendo que si cambian de domicilio dentro del territorio, determinen correctamente su residencia ya que ello tiene implicaciones en sus impuestos personales y en los de sus sucesores.

Sobre la reforma del Impuesto sobre Patrimonio propuesta por la Comisión de Expertos

En anteriores posts he analizado las principales propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria (Comisión Lagares) en materia de IRPF e IS.

En este, trataré sobre el Impuesto sobre Patrimonio, uno de los dos impuestos que conforman la Imposición Patrimonial de nuestro Sistema Tributario (el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones será tratado en el próximo post).

Antes de entrar a analizar la propuesta de la Comisión, considero interesante ver la foto actual de este tributo en los países OCDE y su contextualización histórica en nuestro país:

  • De los 4 países que conforman la OCDE, 12 liquidan este tributo y de esos 12 países, sólo Canadá no lo compatibiliza con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Es decir, todos los países que tienen un impuesto similar al IP lo simultanean con el ISD a excepción de Canadá (Fuente Informe Lagares – datos OCDE). En este sentido, cabe concluir que el caso de España no es un caso excepcional.
  • Varios países han ido eliminando en los últimos años el IP: Dinamarca (1995), Alemania (1997), Finlandia (2006), Luxemburgo (2006) y Suecia (2007) – (Fuente Informe Lagares – datos OCDE).
  • El IP es un tributo cedido y cada Comunidad Autónoma tiene su propia regulación. A pesar de que en este impuesto esté bonificado al 100% en alguna Comunidad, sigue siendo un tributo vigente.
  • Aunque la Ley actual del IP es del año 1991, este tributo se instauró en 1977 como un impuesto “excepcional y transitorio” con una finalidad básicamente censal, es decir, para poner en conocimiento de la Administración la información patrimonial del contribuyente aunque sin renunciar a su capacidad recaudadora.
  • Durante el mandato del Presidente Rodriguez Zapatero se bonificó la cuota al 100% en los periodos 2008 a 2011, lo que en la práctica llevó a no liquidarlo.

A estos datos objetivos y sin entrar ahora a reflexionar sobre la bondad (o no) de este tributo, debo añadir que una cuestión indiscutible es lo difícil de su liquidación y posterior comprobación, y es que para su confección hay que declarar, entre otros bienes, joyas, pieles de carácter suntuario (por lo visto unas pieles tienen “carácter de suntuario” mientras que otras, no, y eso con independencia de si uno vive en territorio de clima mediterráneo o de clima atlántico), objetos de arte y antigüedades, automóviles, motocicletas, quads, embarcaciones, etc. En resumen, por la complicación y grado de detalle de los bienes a declarar, así como su dificultad por parte de la Administración en comprobar estas declaraciones, este tributo ha acabado siendo, en la práctica, un impuesto sobre la tenencia de bienes raíces, participaciones y productos financieros y bancarios.

Vistos los antecedentes, parece razonable plantear una reforma del mismo, aunque la Comisión ha ido más allá y ha propuesto directamente su supresión. En este sentido, la Comisión propone la “supresión formal y definitiva del impuesto, estableciéndose las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las Comunidades Autónomas”, es decir, que se suprima y en ningún caso sea un impuesto cedido.

De eliminarse este impuesto, el efecto en la factura tributaria del contribuyente sería positivo ya que los obligados a declarar dejarían de estarlo.

En el próximo post, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Aspectos tributarios a tener en cuenta cuando se consigue un empleo en el extranjero (Segunda Parte)

Como comentaba en el anterior post, no son pocas las personas que se han visto en la tesitura de buscar empleos fuera de nuestras fronteras. Cuando ello conlleva a la pérdida de la residencia fiscal en España, recomendábamos una serie aspectos tributarios a considerar si uno quiere evitar quebraderos de cabeza con Hacienda. Seguimos con la lista en este segundo bloque:

* Impuestos a considerar a partir de nuestra salida de España:

  • Al perder la condición de residente, si existieran en España bienes o rentas susceptibles de tributación por el IRPF ahora pasarían a tributar por el IRNR. El caso típico sería la residencia habitual, la cual, siendo contribuyentes del IRPF está exenta de aplicarse el régimen de imputación de rentas inmobiliarias y, en cambio, siendo contribuyente del IRNR, al tratarse de un bien inmueble que no es vivienda habitual generaría imputación de rentas y, por consiguiente, habría que ingresar la cuota correspondiente a ese rendimiento (eso, si el inmueble no lo ha cedido en alquiler, ya que en este caso debería usted declarar el rendimiento obtenido). Asimismo, de existir hipoteca sobre dicha vivienda, eso no sería deducible del Impuesto de no residentes tal como usted lo venía haciendo en el IRPF. He aquí la primera gran diferencia con el IRPF y un efecto colateral de dejar de ser residente fiscal en España.
  • Otra consecuencia de ser “ciudadano del mundo” es que no se aplican las bonificaciones, reducciones ni exenciones autonómicas del Impuesto sobre el Patrimonio. Pongamos que usted vivía en Madrid, donde el Gobierno autonómico estableció una bonificación del 100% en la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. Por su condición de no residente pasa usted a tener que aplicar la Ley estatal con lo que muy posiblemente deba pagar ese impuesto.
  • Adicionalmente, si en el año de su partida usted percibió rentas (como residente fiscal español) que deban liquidar el IRNR, tenga en cuenta que este impuesto (el IRNR) no contempla muchas de las deducciones, bonificaciones o reducciones del IRPF.

El IRPF y el IRNR son impuestos distintos a pesar de que vienen a gravar los mismos rendimientos.

Llegados a este punto, sin ánimo de ser agoreros, le advertimos de lo que podría ocurrir si usted no tiene en cuenta estas cuestiones:

  • Que Hacienda considere que es usted contribuyente del IRPF y le reclame la declaración de IRPF: cuando esto ocurre no es poco frecuente que, con la comunicación, Hacienda ya le proponga una cuota resultante de la liquidación. En el peor de los casos le podría salir positiva (es decir, a pagar) y usted, en el extranjero, sin ser consciente de ello, podría no atender esa comunicación. Nada más nefasto que no atender una comunicación de Hacienda que le requiere para pagar algo: intereses, recargos y sanciones pueden engrosar sobremanera la factura tributaria. Y lo peor: podría usted descubrir que Hacienda ha procedido al embargo de cuentas o bienes por falta de pago.
  • Que siendo conocedora de su pérdida de residencia, Hacienda detecte que usted no ha liquidado su declaración de la Renta de no residentes, por ejemplo, por no imputar correctamente la renta atribuida al inmueble que usted dejó en España o por los alquileres no declarados (por aquello de que usted declara su renta mundial en su país de destino, craso error).
  • Que usted no caiga en la necesidad de liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio porque usted no estaba obligado siendo residente fiscal en España. Esto también podría ser detectado por Hacienda y nos encontraríamos en el caso anterior.

Como dirían en el país sajón, “at last but not least”, recuerden que la prescripción tributaria es de cuatro años desde la fecha en que finaliza el periodo voluntario de presentación de la declaración, por lo que si ustedes incumplen alguna de las obligaciones anteriormente enumeradas, pongamos en 2013, ello es susceptible de comprobación por Hacienda hasta el 30 de Junio de 2018.

Permítanme que acabe con una recomendación que podría interpretarse de interesada (nada más lejos de mi intención): si pierden ustedes la residencia fiscal en España, confíen sus impuestos a un experto fiscalista. Tal vez dé pereza y les suene raro pero son ustedes ciudadanos del mundo, y fuera de España, cualquier desplazado tiene un “accountant” de confianza al que encomendar sus asuntos económicos y tributarios. En este caso, prevenir es curar.

 

Aspectos tributarios a tener en cuenta cuando se consigue un empleo en el extranjero (Primera Parte)

En los últimos años no son pocas las personas que se han visto en la tesitura de buscar empleos fuera de nuestras fronteras, obligando a hacer un cambio de vida importante y en muchos casos, arrastrando también a la familia.

A las numerosas gestiones que uno debe realizar ante ese cambio vital, muchas veces quedan olvidadas las cuestiones tributarias. Es en ese momento cuando lo apasionante de la “aventura” puede empezar a torcerse. Y es que ya se sabe que, cuando Hacienda tropieza con uno, sabemos cómo comienza la historia pero no cómo acaba.

Para evitar el vía crucis que puede ser un procedimiento con Hacienda, hay una serie de cuestiones que deberían tenerse en cuenta cuando hay previsto un cambio de residencia al extranjero. Se trata de una lista de aspectos a considerar que pueden ahorrar más de un quebradero de cabeza:

* Pérdida de residencia: En la mayoría de casos, el cambio de residencia conlleva la pérdida de la residencia fiscal en España. Parece una redundancia pero no lo es.

La normativa española y los Convenios para evitar la Doble Imposición (si es que nuestro país de destino tiene uno firmado y ratificado con España) establecen varios criterios para determinar si una persona es residente español a efectos impositivos.

La cuestión no es baladí, dado que la residencia fiscal determina dónde deben tributar las personas. Para saber si alguien es contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se establecen unos criterios que ayudan a determinar si se debe tributar por este impuesto o no. Así, deberá tributar por IRPF, en general:

* La persona que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español.

* La persona que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

* Salvo prueba en contrario, se presumirá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando de acuerdo con los dos criterios anteriores resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.

En consecuencia, si uno desplaza toda la familia fuera de España y eso ocurre antes del 30 de Junio, estaríamos ante una situación de pérdida de residencia fiscal a efectos del IRPF, por lo que la persona dejaría de tributar por ese impuesto en España, siempre que el país de destino no fuese considerado Paraíso Fiscal (en cuyo caso existe un periodo de 4 años por el que el contribuyente que pierde su residencia española mantiene su obligación de liquidar el IRPF).

Cuando un contribuyente lo es por el IRPF debe tributar en España por su renta mundial. Al perder esa condición y ser contribuyente, en su caso, del Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR), pasaría a tributar solo por las rentas generadas por bienes situados en este territorio.

* Comunicación de la pérdida de residencia en Hacienda: Aunque no es preceptivo, es recomendable notificar que se deja de tener condición de residente fiscal en España. Con esta precaución uno puede ahorrarse un potencial requerimiento de Hacienda y lo que de esa comunicación pueda derivar.

* Comunicación de un representante fiscal: Salvo que abandone España sin dejar ningún bien (antigua vivienda habitual, fondo de inversión, cuenta corriente, etc.), es muy posible que pase usted a ser contribuyente por el IRNR. En este caso debería valorar si está usted obligado a designar un representante fiscal. Esta cuestión es muy controvertida y podríamos escribir tanto sobre ello que se nos acabaría el espacio del blog y posiblemente usted acabe aburriéndose (si es que todavía no lo está).

En el próximo post analizaremos los impuestos que usted podría tener que liquidar en España en su condición de no residente, las consecuencias de no tener previstas estas cuestiones “previas” a su partida y algún consejo para que usted no se sienta desamparado ante tales obligaciones.