Archivo de la etiqueta: IRPF

Asistencia al Belgian-Luxembourg Business Forum 2014

Los días 11 y 12 de diciembre se celebró la edición del business forum de 2014 organizado por la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa en Barcelona, bajo el lema “Opportunities of doing business in Spain”.

Tuve el placer de ser una de las ponentes invitadas en dicho foro explicando, bajo una perspectiva fiscal, las principales cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de cambiarse de residencia fiscal o de plantearse una inversión en España, poniendo énfasis en los criterios de atracción de la tributación de nuestra normativa tributaria y el régimen especial de impatriados (Ley Beckham) aplicable desde 01/01/2015.

En la ponencia estuve acompañada de mis compañeros Eugenio Martínez y Biviana Vargas, abogados fiscalistas de IMB Grup y en la segunda jornada (B2B) conté con el apoyo de nuestra asociada Cristina Paloma, abogada especialista en Derecho Marítimo, Transporte y Logística.

Os dejo dicha presentación cuyo título es “Guidelines in personal taxation”.

Presentación Business Forum 2014

Me voy a Madrid para pagar menos impuestos

El fallecimiento de la Duquesa de Alba ha hecho que más de uno se pregunte cómo puede ser que, siendo público y notorio que esa persona vivía en Sevilla, su sucesión tribute en Madrid. Y es que, en Madrid, este impuesto está muy bonificado si se compara con Andalucía.

Si bien en los anteriores posts analicé los criterios de nuestra Administración Tributaria para determinar la residencia de un contribuyente del IRPF y los elementos de atracción a territorio nacional, tanto si uno es persona física no residente como si es una sociedad, en éste, analizaré los criterios que nuestra normativa establece a la hora de determinar la residencia del contribuyente – persona física – dentro del territorio español.

Para determinar la residencia fiscal de una persona dentro del territorio nacional, hay que consultar la Ley General Tributaria (LGT).

De entrada, la LGT define el domicilio fiscal de las personas físicas como “el lugar donde tengan su residencia habitual”. Una mente ágil pensará, “pues fijo mi domicilio en Madrid, lo comunico (condición indispensable y obligatoria se tenga actividad económica o no y sancionable en caso de omisión de dicha obligación) y rebajo mi factura tributaria”. Pues no es tan sencillo.

Lógicamente, uno puede decidir trasladarse a Madrid – para seguir con el ejemplo paradigmático – pero la misma Ley establece que “para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, es decir, si uno vive en Madrid pero su empresa o su actividad económica se desarrolla principalmente en Valencia, su domicilio fiscal quedará fijado en esa Comunidad.

Adicionalmente, la LGT establece que si no pudiera establecerse de forma clara el lugar de la “gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas”, por ejemplo, porque hay varios focos de actividad económica desarrollada en distintas CCAA, prevalecerá el domicilio donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas, es decir, deberá valorarse los activos de cada territorio y ordenarlos de modo que, el mayor atraerá la residencia del contribuyente.

En el caso mediático de la Duquesa, cabe suponer que la dirección de la actividad de su Fundación determina su residencia en Madrid, con independencia que pasara más tiempo en su palacio de Sevilla que en cualquier otra de sus viviendas.

Fijar la residencia condiciona el pago de los impuestos ya que cada autonomía tiene competencias sobre IRPF (parciales) y en especial, para el caso citado, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ya que la sucesión tributa en sede del causante, es decir, del que fallece.

Añado que la norma establece que “cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente” por lo que el día que las autonomías despierten y empiecen a comprobar la residencia de los contribuyentes pueden saltar las costuras de más de uno. Ni es tarea fácil ni las personas de a pie suelen tener previstas las consecuencias tributarias de esas cuestiones “residenciales”.

Así pues, les recomiendo que si cambian de domicilio dentro del territorio, determinen correctamente su residencia ya que ello tiene implicaciones en sus impuestos personales y en los de sus sucesores.

Cambiar de residencia para pagar menos impuestos

Cuando Gerard Depardieu dijo que emigraba a Rusia para zafarse del sistema tributario francés, tal vez más de uno estuvo tentado de seguir sus pasos. No obstante, casos como el de Arantxa Sánchez Vicario o Montserrat Caballé deben hacer reflexionar sobre cómo se hacen esos cambios de residencia, qué se persigue con ello y, sobre todo, cuáles serán los criterios de nuestra Administración Tributaria a la hora de aceptar perder un contribuyente del IRPF.

Para saber si una persona es residente fiscal en España hay que ir a la normativa del IRPF ya que en ella se establecen varios criterios dirigidos a atraer la tributación a nuestra jurisdicción, a saber:

  • Que la persona permanezca más de 183 días, durante un año natural, en España. A sensu contrario, podría inferirse que si uno viaja tanto que al final pasa más de 6 meses fuera de España se ahorra la factura tributaria del IRPF pero ello nos induce a error ya que estamos hablando de elementos de atracción, no de elementos de pérdida de condición de contribuyente por el IRPF.
  •  Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos. De esta manera, si una persona vive en Andorra (aprovecho para recordarles que ya no es paraíso fiscal) pero sus rentas provienen de empresas radicadas en España, usted seguiría teniendo consideración de contribuyente del IRPF.
  • Para finalizar, un elemento fundamental de atracción es lo que se conoce como “centro de intereses vitales”, que consiste en considerar residente fiscal español, con independencia de los criterios anteriores, aquella persona cuyo cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan del contribuyente residan en España.

Igualmente, se siguen considerando contribuyentes del IRPF – a pesar de residir en el extranjero – a los miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas, funcionarios en el extranjero con cargo o empleo oficial y otros cargos singulares. En este sentido, recordarán la controversia de algunos eurodiputados que decidieron tributar en Bruselas aprovechándose de una tributación mucho más “friendly” que la española. Pues ya ven…

No obstante lo anterior, si se produce un cambio de residencia a un país con el que España tenga suscrito un Convenio para Evitar la doble Imposición (CDI), habrá que analizar la casuística detallada en el convenio para determinar su residencia fiscal ya que los criterios suelen ampliarse. Asimismo, si el cambio de residencia se hace a un territorio considerado paraíso fiscal hay que acreditar el cambio de residencia de forma especial, ya que como sabrán (por haberlo leído ya en otros posts) nuestra normativa es muy restrictiva cuando de paraísos fiscales se trata.

Un detalle: ser contribuyente del IRPF implica tributar en España por sus rentas y rendimientos mundiales por lo que si se determina incorrectamente la residencia fiscal del contribuyente, la contingencia fiscal no es poca.

Así pues, les recomiendo que si cambian de residencia, se aseguren de cumplir los requisitos que impone nuestra normativa y paguen los impuestos en el territorio que le corresponda para evitar males mayores.

Las dietas y las asignaciones de viaje no son gastos de representación

En el anterior post expliqué qué se entiende por “gastos de representación” y “sobresueldos”, conceptos muy en boga últimamente, sobre todo a raíz de escándalos como el de las “tarjetas black” de determinada entidad financiera o el conocido caso Mercurio. Como ya anticipé entonces, hoy trataré las dietas y las asignaciones de viaje dado que, a la vista de las informaciones publicadas, existe mucha confusión.

La Ley del IRPF (LIRPF) determina que deberán ser consideradas como rendimiento del trabajo las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan. Es decir, a partir de determinados importes, estos conceptos pasarán a formar parte del salario de quien los perciba.

Ni que decir tiene que lo que les voy a relatar no pacifica la situación creada por la administración Tributaria y que esta partida de gasto, cuando hay una inspección en la empresa pagadora, suele ser un caballo de batalla con la Administración. Esto es debido, en gran medida, a que para la empresa se trata de un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades mientras que para el trabajador no es un ingreso integrable en su base imponible. Esta asimetría es la que genera que estos gastos puedan prestarse a mala praxis. Se trata pues, de un gap auspiciado por la normativa que genera una gran controversia entre empresa, trabajador y Hacienda. De nuevo, la norma no ayuda.

Aparte de los importes que se consideran exentos de IRPF para el trabajador que percibe el importe, condición necesaria pero no suficiente es la correcta acreditación y justificación del desplazamiento:

Asignaciones para gastos de locomoción. Si se trata de transporte público, la factura o ticket y si se utiliza vehículo propio, 0,19 €/km. Debo resaltar que a veces los convenios colectivos asignan importes superiores y la empresa debe considerar que la diferencia es una retribución salarial, con las consecuencias en el IRPF del empelado.

Asignaciones para gastos de manutención y estancia. En principio, se acepta todo gasto generado en el municipio distinto del lugar de trabajo o que sea residencia del empleado (ojo aquí) siempre que sean “gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería”. Para disipar lo que es “normal” y lo que no lo es, la norma aclara:

Cuando se ha pernoctado:

  • Gastos de estancia (hoteles). Se aceptan los importes “justificados”, lo que implica que, en principio con la factura del hotel bastaría aunque no solo. No me extenderé sobre este punto pero hay que acreditar, entre otras cosas, la motivación de ese desplazamiento.
  • Gastos de manutención (comidas). Se limitan a 53,34 €/día dentro del territorio español, o 91,35 €/día en territorio extranjero, con independencia que sea Marruecos o Nueva York.

Cuando no se ha pernoctado:

  • Gastos de estancia (hoteles). No se generarían, por lo que no hay discusión sobre esta partida.
  • Gastos de manutención (comidas). Se limitan a 26,67 €/día dentro del territorio español, o 48,08 €/día en territorio extranjero, de nuevo, con independencia del tipo de “territorio extranjero” en el que nos encontremos.

El personal de vuelo, los funcionarios con destino en el extranjero y otras singularidades no se ven afectadas por esta restricción que sí afecta al común de contribuyentes del IRPF.

Para acabar, será por aquello de que “Hacienda somos todos” que la norma especifica en el artículo 17.2.b de la LIRPF que no existe límite ni se exige justificación “de la realidad del desplazamiento ni del gasto realizado” a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, los diputados y senadores de las Cortes Generales ni los concejales de ayuntamiento. ¿Cómo se quedan?

El apasionante mundo de los “sobresueldos” y los “gastos de representación”

Escándalos como el de las “tarjetas black” de Bankia han puesto a pie de calle conceptos como “sobresueldo” o “gastos de representación”.

En este post intento aclarar en qué consisten estos términos ya que existe mucha confusión al respecto: no es lo mismo “gasto de representación” que “dieta” que “gastos de manutención” o “gastos de estancia”, conceptos  que trataré en otro post. Cada categoría responde a un tipo de gasto distinto y gran parte de la confusión se ha generado por las informaciones que se han publicado en varios medios de comunicación en relación con los gastos detallados en los extractos de las citadas tarjetas, pues en ellos vienen descritos conceptos que bien podrían encuadrarse en alguna o varias categorías citadas. Ello no es baladí ya que la definición que la norma fiscal hace de cada categoría puede condicionar su tratamiento fiscal.

En relación con los denominados “sobresueldos”, no existe en la normativa fiscal tal concepto. Para ello hay que bucear en la normativa del IRPF la cual reconoce como renta del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal del contribuyente y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”, lo cual incluye, en sentido amplio, todas las contraprestaciones o utilidades – con independencia de su denominación o naturaleza – sean abonadas en especie o de forma dineraria. En concreto, la normativa considera incluidos en este concepto, sueldos y salarios, prestaciones por desempleo, gastos de representación (OMG!), dietas y asignaciones para viaje (con unos mínimos exentos) y otras percepciones en las que no podemos encontrar el concepto “sobresueldo”. En consecuencia, bajo la normativa del IRPF, podemos concluir que, si se trata de algo que la empresa abona al empleado como contraprestación a su trabajo personal, debería tratarse esta percepción como una renta del trabajo no exenta, lo que implicaría practicar la correspondiente retención o ingreso a cuenta en origen (pagadora) y que el empleado incluyera, en su declaración de IRPF, los rendimientos con la correspondiente retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.

En cuanto al concepto “gastos de representación”, sí se contempla en la normativa fiscal y por su naturaleza, son gastos restringidos a algunos empleados, normalmente, aquellos que se realizan labores comerciales o de representación de la empresa, así como altos directivos. De modo que se consideran gastos de representación las cantidades asignadas a un trabajador, para su libre disposición, destinadas a compensar los gastos motivados por la relevancia del puesto que ocupa en la empresa, como serían, p.e. importes abonados a personal de alta dirección por gastos en vestimenta o imagen que pueda conllevar su trabajo.

Como hemos visto en el caso de los “sobresueldos”, el IRPF considera en un sentido amplio que son rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones derivadas del trabajo personal pero en este caso, en el artículo 17.1.c. se establece concretamente que son rendimientos del trabajo las “remuneraciones en concepto de gastos de representación”, por lo que no hay duda de su consideración como rendimiento del trabajo sujeto y no exento de tributación.

En cuanto a la pagadora de este tipo de gastos – sobresueldos y gastos de representación – el artículo 16 del Impuesto sobre Sociedades (IS) establece limitaciones a la valoración de las retribuciones de consejeros y personas que mantienen una relación de vinculación con la compañía que puede llevar a la distorsión en la fijación de precios o remuneraciones a valor de mercado. Ello puede ocurrir debido a la  condición de parte interesada en ambas márgenes del río.

Salvada la limitación de los precios y remuneraciones de mercado (cosa que estaría por ver) hay una segunda restricción: la Ley establece que las liberalidades “no tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles”. En este sentido, la RAE define como liberalidad la “disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya”, es decir, un regalo a una persona ajena a la compañía, la cena de Navidad con la familia, entradas de cine con familiares, etc.

La misma norma especifica que no se consideraran liberalidades “los gastos por relaciones públicas con clientes y proveedores” o “los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios”. Al ser conceptos poco concretos, el IS establece que serán deducibles aquellos gastos “que se hallan correlacionados con los ingresos”, lo cual obligaría a que cualquier gasto de este tipo fructificara en un ingreso o venta, lo cual puede ser discutible. Como la norma no ayuda a pacificar una cuestión que, a priori, puede prestarse a arbitrariedad por parte del contribuyente (la empresa) y de la Agencia Tributaria, hay que ir a la doctrina y jurisprudencia, analizar el caso concreto y establecer un criterio razonable para determinar si este tipo de gastos son deducibles o no.

Superado lo anterior, se requiere cumplir con los requisitos que impone la normativa sobre su debida inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos, y justificación. Esto último (la justificación) suele ser un caballo de batalla.

Llegados a este punto y aplicando criterios restrictivos, podemos encontrarnos con que bajo la normativa del IRPF, los anteriores gastos deban considerarse fuente de renta para el trabajador pero que no sea gasto deducible en el IS de la compañía pagadora, es decir, el peor escenario posible ya que el importe tributaría dos veces (en la empresa, por no poder ser un gasto deducible y en la renta del empleado, por ser una fuente de renta).

Sobre los Paraísos Fiscales (2/2)

En el anterior post repasé las características que acostumbran a darse en los territorios que se califican como paraísos fiscales e introduje las listas de varios colores establecidas por la OCDE que se conocen como “lista gris” y “lista negra” que, por su tono, ya nos induce a pensar que estar en ellas no debe ser nada bueno.

Sin embargo, hay que saber que los paraísos fiscales son definidos por cada país de modo que, aunque las listas de la OCDE pueden orientar a la hora de saber qué países tienen sistemas tributarios “blandos” y sistemas de información “opacos”, se trata de una calificación unilateral de cada estado.

Así, si un residente de un país – individual o empresa – tiene que operar con el extranjero, es conveniente que antes de hacerlo consulte las listas de paraísos fiscales que su jurisdicción fiscal contempla, sobre todo si la jurisdicción es la española, ya que nuestra legislación se caracteriza por ser fuertemente “anti paraíso fiscal” en comparación con otros países de “nuestro entorno”.

En España, la lista de paraísos fiscales se detalla en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, el cual se aprobó para aclarar qué territorios debían considerarse paraísos fiscales ya que en 1990 y el mismo 1991 se dictaron normas en las que se limitaban, a nivel fiscal, las transacciones con esos países pero hasta la publicación del citado Real Decreto, no se sabía a qué se referían las normas dictadas cuando hablaban de “paraíso fiscal”.

Inicialmente, se enumeraron cuarenta y ocho territorios y la propia norma establecía que, para dejar de ser considerado paraíso fiscal, los países enumerados deberán firmar Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) con cláusula de intercambio de información o bien un Acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se estableciera que dejan de tener dicha consideración desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen. Pueden consultar los modelos de CDI, acuerdos de intercambio de información y demás asuntos relativos a la imposición internacional establecidos por la OCDE en este link: http://www.oecd.org/tax/

A día de hoy, la lista de paraísos fiscales en España se ha reducido a treinta y cuatro. Para consultar la lista actual, pueden consultar la página 56 del documento que enlazo

Como resumen de lo anterior, una idea debe quedar clara: las transacciones llevadas a cabo con paraísos fiscales no son ilegales ni están prohibidas pero para evitar problemas, son necesarias unas precauciones que hay que tener muy en cuenta cuando un residente fiscal español va a operar con estos territorios. A continuación, unas pinceladas de las “normas anti-paraíso” que tenemos en nuestro sistema tributario:

  • Se imponen estrictas obligaciones de información sobre los bienes radicados en esos territorios.
  • Si un residente español (persona física o jurídica) tiene una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal, debe aplicarse la llamada transparencia fiscal internacional por la que se imputan los beneficios de una sociedad directamente a sus partícipes. En consecuencia, las rentas generadas en el paraíso fiscal tributarían en España.
  • El residente español que desplaza su domicilio habitual a un paraíso fiscal queda obligado a mantener su condición de contribuyente del IRPF en el año del cambio de residencia y los cuatro siguientes, lo cual implica tributar en España por sus rendimientos mundiales mucho después de perder la residencia española.
  • Se establece un gravamen especial del 3% a aquellas entidades radicadas en paraísos fiscales con bienes inmuebles ubicados en España.
  • Queda limitada la deducción de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades o del IRPF que se reciben de entidades radicadas en esos territorios calificados como paraíso fiscal.

Con independencia de lo poco estético que resulta tener tratos con paraísos fiscales, habrán observado que se puede operar con estos territorios a pesar de que nuestra legislación desincentiva la transacción directa con ellos.

A decir verdad, España es pionera en la lucha contra los paraísos fiscales por lo que, realmente, quien los utiliza sabe exactamente donde se mete.

Anteproyecto de Ley para la reforma del IRPF (reducciones, tarifas, deducciones y Ley Beckham) 4/4

En los anteriores posts analicé los principales cambios propuestos para la determinación del rendimiento neto de las distintas fuentes de renta de acuerdo con el IRPF.  En el presente, trataré sobre los cambios que se prevén en relación con reducciones (planes de pensiones), minoraciones (personal y por descendientes), tipos impositivos, deducciones y régimen especial de impatriados (Ley Beckham).

Como siempre, les recuerdo que se trata de un anteproyecto y que hasta no disponer del texto aprobado pueden producirse cambios.

A continuación, lo más destacable del anteproyecto sobre estas cuestiones. Me ha quedado un poco largo, no desfallezcan:

1. Reducción por aportaciones a planes de pensiones y de previsión social: Actualmente la reducción por aportaciones a estos sistemas de previsión social se aplican a la base general del IRPF y quedan limitados a 10.000€-12.000€ en función de la edad del beneficiario y otras variables. La comisión proponía “llevar la deducibilidad de las aportaciones a la media de los países de nuestro entorno pero sin límites para la aportación”, lo que suponía tratarlo fuera de la base general y ampliar a criterio y disponibilidad del contribuyente las aportaciones (lo que en el panorama actual de crisis de nuestro sistema de pensiones, parecería razonable). En este caso, lo que se propone en el anteproyecto es reducir la aportación de 10.000€ a 8.000€ haciendo caso omiso a la propuesta de la comisión. En consecuencia, se incrementaría la base imponible de aquellos contribuyentes que hasta ahora aportaban el máximo.

2. Mínimos personales y por descendientes: Se prevé incrementarlos, por lo que se produciría una reducción de la base liquidable del impuesto.

3. Escala de gravamen de la base general: se propone la reducción de 7 a 4 tramos. Aunque la escala final dependerá de la escala autonómica, a tenor de de lo que se muestra en el anteproyecto, los tipos bajan. Un ejemplo sencillo:

Una aclaración previa: para liquidar la renta, al ser éste un impuesto progresivo, se aplican los tramos de modo que para una base liquidable de, pongamos, 25.000€ se aplicarían los distintos tramos de la tarifa hasta llegar al tramo final. Así pues, siguiendo con el ejemplo, e imaginando que la base liquidable fuese de 25.000€ y permaneciera fija en 2014, 2015 y 2016 (que ya hemos visto que es mucho suponer porque las bases pueden acabar subiendo), en 2014 usted acabaría aplicando un marginal del 30% de IRPF en el tramo superior, en 2015 un 31% (¿¡más?!) y en 2016 volvería a liquidar un marginal del 30%. El resultado, es que para una base liquidable de 25.000€, hoy correspondería una cuota de 9.769€, para 2015 de 9.015€ y para 2016 de 8.665€. Reitero que las bases no serían las mismas ya que las reducciones de las rentas del trabajo y de actividades se reducen disminuyen y que faltan los tramos autonómicos.

Tan solo apuntar que en 2014 tenemos unos tipos incrementados “provisionalmente” para los ejercicios 2012, 2013 y 2014,  que para rebajarlos, no haciendo nada se conseguía, pues finalizaban el 31.12.2014.

Sin duda, las rentas que más se beneficiarán de esta rebaja de tarifas  serán las que hoy tributan por encima del 47%.

 4. Escala de gravamen de la base del ahorro: la comisión proponía eliminar el escalado actual (21%-25%-27% para los tramos 6.000€ – 24.000€ – más de 24.000€, respectivamente) y que el tipo único no fuera superior al 21%. En este caso, se vuelve a hacer caso omiso de lo que proponía la comisión y se establece un nuevo escalado (6.000€ – 50.000€ – más de 50.000€) que en 2015 tributaría al 20%-22%-24% y en 2016 tributaría al 19%-21%-23%. En consecuencia, las nuevas tarifas del ahorro reducirían la tributación.

 5. Deducciones:

  • La comisión propuso eliminar el régimen transitorio establecido en 2010 para la deducción por adquisición de vivienda habitual y eliminar la deducción por nacimiento o adopción de hijos, no indicando ningún cambio respecto a la actual deducción por alquiler. Sobre esta cuestión, en el anteproyecto se contempla mantener las deducciones anteriores y reducir la deducción por alquiler. En consecuencia, se podría ver aumentada la cuota tributaria de los que actualmente gozan de la deducción por alquiler (rentas bajas y con límites de edad).
  • En relación con las aportaciones a partidos políticos, la comisión propuso transformarla en una deducción similar a la de los donativos (deducción en la cuota íntegra del impuesto del 10%-25% de la aportación efectuada) y en el Anteproyecto de Ley se considera una deducción del 20% con una limitación cuantitativa de 600€ anuales. Teniendo en cuenta que estas reducciones actualmente se restan de la base general (tipo mínimo 24,75%) y que con la reforma se podría deducir el 20% de las aportaciones en la cuota íntegra, esta medida supone, i) un aumento de la base imponible del contribuyente y ii) un aumento en la factura tributaria del contribuyente ya que ahora se deducirá “solo” el 20%.
  • Se crea una deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo bajo determinados supuestos que podrá ser percibida de forma anticipada. Si se percibe como deducción anticipada será una ayuda directa que no tributará y si se trata como una deducción, supondrá un ahorro en la factura tributaria del contribuyente que pudiese aplicarla.

 6. Retenciones (recuerden que la retención no es el impuesto):

  •  Actualmente la retención aplicable a las percepciones de administradores y consejeros es del 45% y por las últimas interpretaciones de la Agencia Tributaria, cuando una persona ejerce varias funciones, el cargo mercantil acaba absorbiendo la relación laboral. Ello ha propiciado que, en los últimos tiempos, las personas que ejercen un cargo mercantil deban soportar una retención del 45% sobre el total de sus emolumentos aunque dichos emolumentos dimanen de su relación laboral y les correspondiera un tipo de retención inferior. El anteproyecto recoge una rebaja progresiva de la retención aplicada a estas percepciones la cual pasaría a ser del 37% – 35% respectivamente para 2015-2016, y del 20%-19% para los mismos periodos si la entidad pagadora arrojase un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000€.
  • Actualmente a las actividades profesionales se les aplica una retención del 21% y el proyecto de ley establece un 20%-19% (periodos 2015-2016) y un 15% cuando estos rendimientos íntegros fueran inferiores a 12.000€ anuales. En el Consejo de Ministros de 4 de julio se aprobó la retención del 15% para profesionales cuyos rendimientos íntegros fueran inferiores a 15.000€ en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. A mí, que me perdonen, pero esta manera de legislar no es seria.

7.  Régimen especial de impartidos (Ley Beckham): Para no extenderme en exceso, pueden consultar lo que la comisión propuso en mi post “La propuesta de reforma de la tributación de no-residentes (Ley Beckham) hecha en el Informe Lagares”. Sobre este particular, en anteproyecto recoge básicamente las propuestas de la comisión pero excluye de este régimen a deportistas profesionales sometidos al Real Decreto 1006/1985 y establece algunas restricciones menores sobre cómo calcular los rendimientos, aplicación de exenciones, etc. La principal novedad del anteproyecto es que se fijaría un tramo de tributación del 24% hasta los primeros 600.000€ y a partir de esta cifra, una tributación del 47% en 2015 y del 45% en 2016. Como ya he indicado en anteriores ocasiones, esta medida supone ampliar el número de supuestos que puedan acogerse al régimen y hacer más atractivo el régimen de tributación de los extranjeros por lo que cabe esperar que ello pueda atraer la entrada de profesionales, directivos, jubilados e inversores a España que atraídos por este trato favorable decidan fijar su residencia aquí. En cuanto a su efecto en la recaudación, los que ya aplican este régimen o los que han quedado excluidos seguirán tributando como venían haciéndolo, por lo que esta medida está más encaminada a atraer y vender España como un lugar atractivo para los que establezcan su residencia en ella – aunque al haber ahora dos tramos, habrá que ver si resulta tan atractivo – que como una medida con efectos tributarios inmediatos (positivos o negativos).

Y hasta aquí, mi análisis sobre el anteproyecto de Ley para la reforma del IRPF, que como habrán comprobado, aumenta y rebaja, modifica tramos, añade y quita, para acabar pagando lo mismo en el mejor de los casos para una gran mayoría de contribuyentes.

Los grandes beneficiados de esta reforma serán las rentas del capital y las rentas del trabajo y de actividades económicas que actualmente tributan por encima del 47 por 100.

 

Buena suerte.

Anteproyecto de Ley para la reforma del IRPF (rendimientos de capital y variaciones patrimoniales) 3/4

En los anteriores posts he analizado los principales cambios propuestos para los rendimientos del trabajo y los rendimientos de actividades económicas. En el presente, trataré sobre los cambios que se prevén para los rendimientos del capital y las variaciones patrimoniales, conceptos que se integran – ambos – en la base imponible del ahorro, a diferencia de los dos anteriores – trabajo y actividades – que se integran en la base imponible general.

So pena de repetirme, les recuerdo se trata de un anteproyecto y que hasta no disponer del texto aprobado se prevé pueda haber cambios.

A continuación, lo más destacable del anteproyecto sobre estas cuestiones:

1. Rendimientos del capital mobiliario:

  • La comisión propuso eliminar la actual exención de los primeros 1.500€ de los dividendos y el ejecutivo ha recogido la propuesta en el anteproyecto de Ley. La consecuencia de esta eliminación es que los que gozaban de esta exención dejarían de aplicarla y se aumentaría la base imponible. Para reflexión, tal vez en otro post, dejaré la doble imposición a la que se somete el dividendo y su trato desigual según lo perciba una mercantil o una persona física.
  • Se añadiría como novedad lo que se denomina “plan de ahorro a largo plazo – PALP” por el que se establecería una exención en aquellas rentas generadas por depósitos de cuentas bancarias o seguros de vida a largo plazo bajo determinadas restricciones de aportación y por un plazo de 5 años. Esta posibilidad podría suponer una reducción de la base imponible en aquellos contribuyentes que actualmente tengan cuentas de ahorro a más de 5 años y tributen por los intereses percibidos. En consecuencia, podría suponer una reducción en la base imponible del impuesto y seguro que los bancos estarán muy contentos.

2. Variaciones patrimoniales:

  • Se propone equiparar el trato fiscal dado a las variaciones patrimoniales cuando se extinga el régimen económico matrimonial de separación de bienes. Por fin se equipararía la extinción de los dos regímenes (gananciales y separación de bienes) a nivel fiscal y ello implica que se reduciría la base imponible del impuesto ya que lo que hasta ahora debe tratarse como una ganancia o pérdida patrimonial, dejaría de serlo.
  • En caso de dación en pago de la vivienda habitual, la ganancia patrimonial estaría exenta. De nuevo, estaríamos en una reducción de la base imponible del impuesto. El consejo de Ministros de 4 de julio aprobó esta medida en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Así vamos…
  • La comisión planteaba la eliminación de los coeficientes de corrección monetaria que se aplican a las transmisiones de bienes inmuebles cuyo objeto es corregir la depreciación monetaria corrigiendo el valor de adquisición y, en su caso las amortizaciones, lo cual es, en la práctica, una reducción de la ganancia patrimonial. Si finalmente se aprobase esta medida, el resultado sería un aumento en la base imponible del IRPF.
  • La comisión planteó asimismo eliminar el régimen transitorio que permitía la aplicación de los coeficientes reductores a los activos adquiridos antes de 31 de diciembre de 1994 y su propuesta se recoge en el anteproyecto. Estos coeficientes permitían reducir de forma importante la ganancia patrimonial del elemento transmitido, por lo que de nuevo, las bases imponibles en estas variaciones patrimoniales serán mayores.
  • En cuanto a la actual tributación dispar entre alteraciones a corto y largo plazo (en 2013 se introdujo, para las variaciones patrimoniales a corto plazo, la obligación de integrarlas en la base general, tributando al tipo marginal), la comisión planteó eliminar el trato tributario distinto y volver a sistema anterior, de modo que todas las ganancias patrimoniales tributasen en la base del ahorro. En el proyecto se recoge la propuesta efectuada por la comisión y en consecuencia, aunque la base imponible sea la misma, al recalificarla en la base del ahorro y tener esta base tarifas inferiores a las de la base general, estas operaciones a corto plazo tributarían a tipos menores de los que actualmente se aplican.
  • En relación con los criterios y limitaciones en la compensación de rentas positivas y negativas, se ampliarían porcentajes del 10% al 25% de forma progresiva entre 2015, 2016 y 2017. En consecuencia, se reduciría la base imponible.

En el próximo post daré cierre al capítulo IRPF, ánimo.