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“Llista Falciani”: se abre la caja de los truenos – Programa .CAT de TV3 (Televisió de Catalunya)

Debate en el .CAT programa de televisión de TV3 (Televisió de Catalunya) conducido por Ariadna Oltra. ¿Por qué se ha publicado ahora la lista Falciani? La lucha contra el fraude fiscal y por qué no se quieren pagar impuestos.

El jueves 12 de febrero tuve el placer de participar en el programa junto a Josep Maria Lluís de Odrizola, Jefe del Equipo Nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal UB; Miquel Puig, Doctor en Economia UB, y Raül Romeva, ex-eurodiputado, Doctor en Relaciones Internacionales para la UAB y licenciado en Ciencias Económicas.

 

El IVA, un impuesto sencillo

El IVA es el primer caso europeo de impuesto común si bien se permite cierta autonomía de los países a la hora de trasponer esta Directiva Comunitaria.

Aunque se trata de un impuesto que es soportado por los consumidores finales (el ciudadano de a pie) son las empresas las recaudadoras del impuesto (sujetos pasivos) y dicha recaudación genera una serie de costes (costes financieros, honorarios de expertos, plantilla administrativa, procedimientos administrativos, etc.) que se podrían reducir si la norma fuese menos formalista y más razonable en determinados aspectos.

A continuación, explico lo que ocurre con este impuesto desde 1 de enero a nivel comunitario en relación con los servicios “on line” prestados a consumidor final para que juzguen ustedes la situación.

  • Hasta 31.12.2014, cuando un prestador de servicios por Internet prestaba servicios a un consumidor final, la operación tributaba en sede del prestador, por lo que aplicaba el tipo y los requisitos formales de su país.
  • A partir de 01.01.2015 estos servicios se consideran prestados en el país del adquirente.

Los sectores afectados son telecomunicaciones, vendedores de licencias de software, APPs, música, libros, servicios de hospedaje de servidores / aplicaciones, suscripciones, etc. En resumen, cualquier servicio prestado por vía electrónica. Las consecuencias de esta medida son:

  • La compañía prestadora del servicio deberá conocer y estar al día de los tipos impositivos que hay en todos los países miembros en los que opera.
  • El IVA deberá ingresarse en cada país.
  • La empresa deberá cumplir los requisitos de censo y formales de cada normativa interna a efectos de expedición de factura y demás obligaciones del sujeto pasivo.

Una dificultad añadida es que no todas las Agencias Tributarias de los países comunitarios usan el inglés, aunque llegados a este punto, parece una dificultad menor.

No todo es negativo: se ha creado en cada país un organismo – el “Mini-One-Stop Shop” o “MOSS” – para que este tipo de operadores se registren en él (otro registro aparte del censo de empresarios y el ROI, sí) para consignar allí las declaraciones de IVA. En principio, actuarán como cajas de compensación que distribuyen las cuotas al estado correspondiente. Sabiendo cómo son nuestras autoridades tributarias, no hay nada que temer.

Me permito hacer dos reflexiones sobre este asunto:

  1. A nadie se le escapa que la guerra que mantiene la UE con las empresas americanas de este sector (Amazon, Apple y Google) subyace en este cambio normativo, así que para evitar posibles prácticas abusivas de estos tres gigantes, se ha implantado una regulación de muy difícil – por no decir imposible – cumplimiento para la pyme. Tal vez por ello, esta medida ha sido bautizada como “tasa Amazon”.
  1. Ni que decir tiene que las afectadas son pymes tecnológicas, sin duda el futuro productivo de nuestro territorio con alto valor añadido y con un alto potencial de generar ingresos, empleo y riqueza.

Viendo cómo se ha actuado a nivel comunitario en esta cuestión uno se pregunta hacia dónde vamos.

 

¿Dónde pagan las empresas sus impuestos?

Mucho se habla de lo pernicioso de la globalización para la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y de lo “malo” que resulta para la recaudación cuando las empresas multinacionales aprovechan la existencia de distintas soberanías fiscales: lo que algunos definen como “optimización fiscal” y otros califican de “defraudación” a la Hacienda Pública.

Si en el anterior post  traté sobre las formas de atraer hacia España la tributación de las personas físicas, en éste daré repaso a los mismos criterios pero aplicados a las empresas. Verán que todo está muy claro y que, como casi siempre, los malos resultados en la recaudación se explican más por la incapacidad e ineficiencia de nuestro sistema tributario que por el hecho de que las compañías se dediquen a defraudar de forma generalizada. Sobre esta cuestión es interesante recordar lo que establece la Navaja de Okcham: la explicación sencilla es la más probable.

Para empezar, diré que la regulación establece que deben pagar sus impuestos en España aquellas empresas con residencia en territorio español. No obstante, se entiende que puede haber supuestos en los que la compañía no esté establecida en territorio español pero obtenga rentas que deban tributar, lo que lleva a la determinación de elementos objetivos de atracción de la tributación de las operaciones de la compañía – totales o en parte – a España.

Para determinar esos elementos de atracción, hay que ir a la normativa del Impuesto sobre Sociedades (IS) y la de no residentes (Impuesto de la Renta de No Residentes – IRNR y Convenios para evitar la Doble Imposición – CDI, si los hubiera).

Así, con base en nuestro Impuesto sobre Sociedades, se establece que se consideran empresas con residencia en territorio español y por consiguiente, deberán tributar por sus rentas mundiales en España:

  •  Las que tengan su domicilio social en España (viene fijado en estatutos).
  • Las que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español de modo que, si tenemos una sociedad con domicilio en Andorra pero sus actividades se dirigen desde España, la tributación de la compañía se atrae donde resida su sede de dirección, es decir, España. Sobre esta cuestión, la norma se extiende especialmente en los casos en los que el país donde radica la compañía tiene consideración de paraíso fiscal, porque como ustedes ya saben por mi post sobre paraísos fiscales, nuestra normativa es muy restrictiva a este respecto.

Aparte de estos dos supuestos, la normativa de no residentes establece situaciones en las que las empresas sin residencia en España deberán tributar en este territorio por las rentas generadas en él, por lo que una compañía no establecida que genere beneficios por sus operaciones en España, debe dejar en este territorio “parte del pastel”. Para determinar la parte de ese “pastel”, debe establecerse si la compañía opera mediante un Establecimiento Permanente (EP) o sin él. Lo primero requiere obligaciones contables y liquidación del Impuesto similar al IS pero con restricciones y lo segundo supone una tributación por cada operación. No se trata de algo a la carta sino que debemos remitirnos a la norma para saber en qué caso se encuentra la empresa.

Sin extenderme en exceso so pena de aburrirles, se considera EP y por tanto deben tributar en España con independencia de su domicilio:

  • Las sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, almacenes, tiendas u otros establecimientos.
  • Las minas, pozos de petróleo o de gas y canteras.
  • Las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias.
  • Cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales.
  • Las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses.

Cuando no concurren las causas referidas que obligarían a constituir un EP pero la empresa no establecida realiza, p.e. alguna operación de prestación de servicios, reaseguros o enajenación de bienes corporales en España, también debe tributar aquí pero se simplifica la cuestión ya que se grava cada operación, de modo que el pagador residente en España retiene una cantidad y la ingresa en la Agencia Tributaria.

En estos casos, la Ley General Tributaria establece la responsabilidad solidaria del pagador, con lo que el posible incumplimiento del no-residente le acarrea contingencias fiscales al empresario residente que contrata. El típico ejemplo sería el de un empresario español que contrata servicios a un no-residente. En este caso, a la hora de pagar, debería informarle de que le retiene una parte en concepto de IRNR que el extranjero podrá deducirse (o no) cuando pague los impuestos en su país de residencia. Si no lo hace así, Hacienda le podrá reclamar al empresario español el importe no retenido ni ingresado en plazo en los siguientes cuatro años, más sanción e intereses que puedan derivar de dicho incumplimiento.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los CDIs que pudieran aplicarse y que acostumbran a suavizar la tributación del no-residente.

Por lo visto hasta aquí podemos constatar que nuestra normativa ya establece formas de tributación para las compañías extranjeras, por lo que sorprende la queja constante de las autoridades tributarias en relación con el “escapismo” de las compañías a la hora de liquidar su factura impositiva. El problema puesto de manifiesto por las autoridades fiscales se fundamenta en dos hechos:

  1. En primer lugar, no todas las empresas determinan correctamente el establecimiento permanente y ello es difícil – que no imposible – de controlar por la inspección tributaria ya que si no declaran el EP, la Inspección no lo tiene “en el sistema”, debe “buscar” e investigar más allá de las paredes de sus despachos y claro, eso tiene sus complicaciones.
  1. En segundo lugar, los gastos que deducen los EP y cualquier filial establecida – en concepto de precios de transferencia y otros pagos efectuados a la matriz – no siempre están bien determinados y no es extraño que el margen declarado en España sea menor del que pudiese corresponder ya que hay una tendencia a repatriar lo máximo hacia la matriz. Este último extremo requeriría una normativa clara en precios de transferencia (la tenemos pero es mejorable), su armonización a nivel mundial (la OCDE lo contempla) y “last but not least”: acuerdos de la Administración con las compañías para su correcta determinación, lo cual es muy difícil porque aunque se prevé en nuestro ordenamiento, nuestra Administración no es pactista.

En resumen, antes de señalar con el dedo otras jurisdicciones con sistemas tributarios legítimos más amables y criminalizar las prácticas tributarias de las compañías (a veces llevadas al extremo) sería conveniente analizar de forma crítica qué se hace a nivel de inspección y de establecimiento de precios de transferencia. A otros países les sale mejor.