Archivo de la etiqueta: TJUE

Cómo robar de forma legal

Se ha hablado mucho del “céntimo sanitario” pero llegados a este momento de la discusión, creo conveniente hacer unas consideraciones sobre cómo ha actuado nuestro Gobierno en esta cuestión.

Para situarnos, hay que aclarar que se trata de un impuesto sobre hidrocarburos creado por la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos) que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Se ha denominado “céntimo sanitario” porque su recaudación sirvió para sufragar los gastos de la sanidad pública, un gasto presupuestado que afectaba a las autonomías. Este detalle de su finalidad es el que genera, precisamente, la controversia de este impuesto.

A nivel de recaudación, su funcionamiento ha sido similar al del IVA, es decir, el consumidor final paga el impuesto y quien lo repercute y lo ingresa a hacienda (el sujeto pasivo), es el suministrador del combustible, es decir, las gasolineras.

A partir de aquí, les voy a narrar la crónica de un robo anunciado.

El mismo año en el que se publica la Ley (2001), la Comisión Europea dictaminó que este impuesto podría ser incompatible con el derecho comunitario. Aún así, el Gobierno de turno siguió adelante con el despliegue de los efectos del impuesto con la “inestimable” colaboración de la mayoría de las CCAA.

Ante la actitud de nuestras autoridades de hacer oídos sordos a las advertencias de la Comisión, ésta inició un procedimiento de incumplimiento contra España en 2003 que acabó en 2008 – 5 años después de empezar su procedimiento y 6 después de la entrada en vigor del citado tributo – con un dictamen motivado en el que denunciaba que este impuesto contravenía los requisitos establecidos en la Directiva 92/12/CEE. Hasta aquí, destaco por un lado la “celeridad” en concluir de la Comisión y por otro, lo obvio de su conclusión que ya se anticipaba en su dictamen de 2001.

En paralelo, puesto que la implantación de este tributo fue controvertida y algunos grandes consumidores – mayoritariamente del sector transporte – ya tenían procedimientos abiertos, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que decidió que la cuestión merecía el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que escaló la discusión a nivel comunitario.

Finalmente, el TJUE dictó sentencia en fecha 27 de febrero de 2014 declarando que este impuesto resulta contrario al derecho comunitario. Esta sentencia ha sido calificada de “dura” ya que es un tirón de orejas al legislador español por cuanto éste ya estaba advertido desde el mismo año 2001. La consecuencia jurídica inmediata de esta sentencia es la anulación del impuesto, es decir, este impuesto no ha existido. En consecuencia, el Estado debe devolver los importes percibidos improcedentemente por este concepto y durante la vigencia del mismo.

Con posterioridad a esta sentencia, el Gobierno español hizo algunas actuaciones encaminadas a reducir la cuantía de devolución de este tributo, cuestión que fue atendida pero que, por presiones, finalmente ha retirado. De modo, que a día de hoy y con la sentencia en mano, cualquier persona o entidad puede solicitar al Estado español la devolución de este tributo.

Ahora bien, si usted quiere recuperar todo lo pagado indebidamente, tenga en cuenta que es más fácil que le toque el Euromillones y que, en el caso que reclame usted algún importe, considere antes lo que le va a costar recuperarlo – tiempo y dinero – vaya a ser que, como decimos en mi pueblo, le cueste más “la salsa que els cargols”.

Hacienda ha establecido un procedimiento específico que se puede consultar por internet, con las siguientes pegas: i) hay que presentar un impreso por cada compañía suministradora, de forma que si tenemos facturas de combustible de varias empresas, debe cumplimentarse un impreso por cada CIF, ii) se puede solicitar devolución sólo de los ejercicios no prescritos (2010-2011-2012), iii) la presentación debe realizarse mediante Certificado Digital y iv) hay que aportar todas las facturas donde se detalle el impuesto repercutido que se solicita en la devolución.

En paralelo a este procedimiento especial, sigue existiendo el procedimiento habitual para estas cuestiones de “devolución de ingresos indebidos”, válido sólo para los ejercicios no prescritos.

Pero ¿qué pasa con los ejercicios 2002 a 2009 prescritos? En este caso, la vía es más compleja ya que existe la posibilidad de promover un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que es abrir una vía incierta.

Para acabar, una idea: imaginen lo que se ha recaudado con este tributo durante los diez años que estuvo vigente, valoren los contribuyentes que van a solicitar su devolución y los costes en los que van a incurrir para conseguir recuperar algo. Añadan a este cóctel que el Gobierno español ya podía intuir el final del camino en 2001, cuando aprobó la ley con las advertencias de la Comisión.

Uno se plantea si se obró de buena fe o se trata de una cuestión de negligencia. En ambos casos habría que reclamar algún tipo de responsabilidad ya que el gran perjudicado ha sido el ciudadano de a pie, lo que tampoco es una novedad.

 

El órdago del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los no residentes que tributan por el ISD:

No es algo nuevo que la tributación de un no-residente en un territorio sea más gravosa que la de un residente en ese territorio, de hecho, es algo tan habitual que para eso – aunque no solo – la OCDE creó los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), los cuales, entre otras cuestiones, pueden establecer limitaciones a la tributación que se aplica en un territorio sobre determinados rendimientos de un no residente (pero residente del otro estado que firma el CDI). Dichas limitaciones afectan, generalmente, a los rendimientos que un no-residente obtiene a efectos del Impuesto de la Renta y del Impuesto sobre Sociedades.

Suponiendo que exista un CDI, los “problemas” para un no-residente surgen cuando en el país del que no es residente éste se convierte en sujeto pasivo de otros impuestos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). P.e., un residente alemán que reciba bienes radicados en España como consecuencia de una herencia. Este sería el caso paradigmático que se vería afectado por la referida Sentencia  que hoy trato en este post.

Antes de analizar la Sentencia y sus consecuencias, unas cuestiones previas sobre este Impuesto:

  • El ISD se regula en una Ley de ámbito nacional (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Podéis consultar el texto íntegro en este link https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141&tn=1&vd=&p=20131228&acc=Elegir
  • Al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, éstas pueden introducir – como así ha sido – reducciones y bonificaciones fiscales que se aplican únicamente en caso de conexión exclusiva con la Comunidad correspondiente.
  • En el caso de la Sucesión, con carácter general, el territorio de tributación será el del causante, es decir, en herencias, se tributa acorde a la normativa donde resida el fallecido.
  • En el caso de la donación, con carácter general, el territorio de tributación será el del donatario, es decir, en donaciones, se tributa acorde a la normativa donde resida el beneficiarlo. Caso especial sería la donación de bienes raíces, los cuales atraen la tributación al territorio donde radica el bien.

Ahora, ¿qué ocurre cuando un no-residente recibe bienes o derechos como consecuencia de una donación o herencia? En este caso, la propia Ley establece que se tributará conforme a la normativa general, esto es, sin tener en cuenta las normativas autonómicas que actualmente contemplan más reducciones y bonificaciones que la citada Ley 29/1987.

Lo anterior implica que la carga fiscal soportada por el contribuyente residente es considerablemente inferior a la impuesta por la legislación estatal lo que podría constituir una limitación a la libertad de circulación de capitales ya que discriminaría los capitales de comunitarios no-residentes en territorio español. Esta cuestión fue planteada por la Comisión Europea y ha desembocado en la sentencia del pasado 3 de septiembre, emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se resuelve que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en relación con los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 40 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo ya que discrimina la tributación de los no-residentes en relación con los residentes reduciendo el valor de sus bienes.

La situación es grave por cuanto:

  • La Comisión Europea realizó peticiones en 2010 y 2011 al Gobierno de España para que se modificara la normativa de este tributo.
  • Ante el silencio del Gobierno de España a las peticiones realizadas por la Comisión, en marzo de 2012 ésta interpuso recurso contra España ante el TJUE.
  • El mismo Tribunal, en Sentencia de 17 de Octubre de 2013, ya se pronunció de manera similar en relación con la legislación alemana sobre ese impuesto a petición de un residente suizo, por lo tanto, el Gobierno de España ya tenía serios indicios de la sentencia que podría resolverse en su caso.
  • Lo anterior puede generar – de hecho se espera que ocurra – la iniciación de múltiples procedimientos de devolución de ingresos indebidos para solicitar el resarcimiento de las cuotas liquidadas e ingresadas de más, con sus correspondientes intereses.
  • A partir de ahora se abre la posibilidad de liquidar un ISD contraviniendo el texto de la Ley española, lo cual es maravilloso para el sufrido contribuyente ya que complica más la liquidación y gestión del Impuesto con la inseguridad jurídica que ello conlleva.

Sólo resta añadir que esta Sentencia se circunscribe exclusivamente al ISD pero que en idéntica situación de incumplimiento de los artículos de la legislación comunitaria (arts. 63 y 40) se podría encontrar el Impuesto sobre el Patrimonio, de modo que habrá que esperar a ver si ocurre algo con este segundo.